Elevan a Contraloría denuncia por presunto acoso laboral contra el seremi de Gobierno Andro Mimica

“Jajajajaja, okis”, según el denunciante, el seremi de Gobierno, Andro Mimica, habría respondido así por WhatsApp a un subalterno cuando se le comunicó que se había visado el pago de la remuneración de un prestador de servicios de esa secretaría regional ministerial bajo la modalidad de honorarios.

Según el denunciante, la situación le resultó gravosa pues afirma que llevaba varios días sin percibir su pago debido a supuestas trabas administrativas. Se indicó que ayer, al momento de hacer esta denuncia, seguía sin recibir sus emolumentos.

La denuncia alega acoso laboral, maltrato y vulneración de derechos fundamentales en contra del seremi Mimica.

Según se indicó a este medio, la acción fue presentada a primera hora de ayer a la Contraloría Regional bajo la Ley Karin.

La denuncia se basa en una serie de hechos que, analizados en su conjunto -según el escrito-, revelaría “un patrón de conducta abusiva” destinado a menoscabar su dignidad profesional, entorpecer el ejercicio de sus funciones públicas, invisibilizar su gestión ante la comunidad y generar un perjuicio económico y moral.

Para ello, entrega una relación y cronología de los hechos, marcando cinco hitos que -según su versión- fundamentan su denuncia.

El primero lo denomina “la obstrucción comunicacional y el “cerco mediático””, refiriendo aquí que a principios de 2024 gestionó contactos de prensa para difundir la labor de la secretaría regional ministerial a favor de las organizaciones sociales, pero que Mimica se habría negado a ello argumentando que “una funcionaria de Santiago había denegado el permiso”. El denunciante afirma que esa explicación sería falsa y asegura poder acreditarlo.

El segundo hito lo califica como un supuesto “sabotaje material y precarización de medios”, indicando que en agosto de 2024, en el marco del despliegue territorial relativo a una política pública gubernamental, su computador sufrió un defecto técnico irreparable y que, ante la solicitud de un equipo de emergencia, se le habría entregado un notebook sin batería, sin cargador y totalmente descargado, siendo, por tanto, “inutilizable para la tarea encomendada”. Aquí afirma tener testigos y sostiene que privarlo de los insumos mínimos para cumplir sus funciones constituye “una forma de violencia material”, lo que -según su interpretación- habría buscado degradarlo y exponerlo al escrutinio público como un funcionario ineficiente.

Al tercer hito lo denomina “la estrategia de la invisibilización y el “ostracismo digital””. En este acápite, sostiene que habría sido excluido de la agenda de la secretaría desde enero del año pasado y que se le habría aplicado una “exclusión digital” al dejarlo fuera de un nuevo grupo de WhatsApp creado para las coordinaciones de la oficina. También alega la invisibilización de su labor en las redes sociales de la seremia de Gobierno.

“El “ostracismo” o la “ley del hielo” es una de las formas más dañinas de violencia psicológica”, señala el denunciante en el escrito.

Como cuarto hito, habla de “hostigamiento y trato denigrante”, esgrimiendo un hecho ocurrido en Puerto Natales, cuando, en ausencia del seremi, le entregó un diploma a una dirigenta vecinal que lo requería. Esta actividad la subió a sus propias redes sociales, lo que -según su versión- habría generado molestia en el seremi.

El quinto hito se relaciona con lo que denomina “violencia económica y  burla ante la subsistencia”, aludiendo al hecho de que el pago de sus honorarios está sujeto a la aprobación de un informe mensual de actividades y que, debido a supuestas trabas administrativas, ello se dilató hasta que el 10 de febrero pasado un funcionario le comunicó que el citado documento ya había sido visado y que -según el denunciante- la reacción habría sido interpretada como una burla.

“A la fecha de la presentación de esta denuncia, el documento sigue sin firmar, perpetuando el no pago de las remuneraciones”, señala el denunciante.

Seremi: “Por protocolo no puedo referirme”

Consultado el seremi Andro Mimica, señaló que al tratarse de una acción bajo la Ley Karin existe un proceso en curso y que, por protocolo, no puede referirse en detalle.

Proceso

Cabe acotar que la denuncia se encuentra actualmente en etapa de revisión y no implica, por sí sola, la acreditación de los hechos ni responsabilidades administrativas.