Cementerio de mascotas en Punta Arenas

El llamado “cementerio de mascotas” en el borde costero sur de Punta Arenas no es solo una irregularidad administrativa. Constituye un riesgo sanitario y ambiental de larga data que ha quedado al descubierto gracias a la denuncia del presidente de la junta de vecinos de Agua Fresca, Héctor Díaz Pérez. La Contraloría regional, al dar la razón a la denuncia, ha instado a la municipalidad, la seremi de Salud y la Armada de Chile a coordinar acciones y a informar en un plazo de 30 días sobre las medidas adoptadas.

Lo que a simple vista puede parecer un problema menor -unos animales enterrados de manera informal- se revela como un asunto complejo: líquidos que percolan al mar, cadáveres expuestos por aves y lluvias, y un territorio sin control formal que ha sido utilizado de manera irregular desde 2020, alcanzando 900 metros de largo. Esta situación pone en evidencia la falta de fiscalización y la dispersión de responsabilidades entre instituciones que deberían proteger la salud pública y el medio ambiente.

Por otro lado, la resolución del ente contralor también desnuda que, debido a los cambios culturales, Punta Arenas necesita contar con un cementerio para las mascotas, pues es creciente la incoporación de animales de compañía en las familias y las costumbres ciudadanas.

Yendo al foco del problema, la resolución de Contraloría recuerda que la municipalidad tiene competencias directas en salud pública y protección ambiental, que la seremi de Salud debe velar por el control de factores insalubres y que la Armada tiene la supervisión de los terrenos de playa fiscal, lo que hace imperativo un trabajo coordinado. La advertencia es clara, en cuanto a que no basta con que cada institución actúe por separado; la unidad de acción es obligatoria y necesaria para evitar que esta práctica continúe y se agrave.

Más allá de la burocracia, el caso pone sobre la mesa una cuestión ética y ecológica: el respeto por la fauna, la flora y el espacio público. Enterrar animales de manera irregular no es un acto inocuo; tiene consecuencias tangibles para la calidad del agua, el equilibrio ecológico y la salud de la comunidad. Que la Contraloría haya puesto un plazo concreto para actuar es un llamado a la responsabilidad efectiva, porque los años de tolerancia a esta situación no pueden prolongarse.

Es momento de que las instituciones involucradas dejen de mirar hacia otro lado y asuman que un borde costero limpio y regulado no es solo una obligación legal, sino un compromiso con la ciudadanía y con el ecosistema local. Cada día que pasa sin acción aumenta los riesgos y el costo de la negligencia.