Biblioteca, iglesia y sede vecinal son algunos de los bienes en disputa entre el municipio y el Slep

Lo que debía ser un traspaso administrativo de la educación municipal al Estado se ha transformado en un conflicto patrimonial. La Municipalidad de Punta Arenas acusó una “confiscación encubierta” por parte del Servicio Local de Educación Pública (Slep), luego de que este organismo inscribiera a su nombre terrenos que no tienen uso educativo, incluyendo una iglesia pentecostal y una junta de vecinos del barrio Croata.

El conflicto mantiene en la incertidumbre el destino de inmuebles emblemáticos como la Biblioteca Municipal Gabriela Mistral, un Cesfam provisorio y la antigua Casa Azul del Arte. Según denuncia el municipio, a dos años del traspaso oficial de la educación -ocurrido el 1 de enero de 2024- , la Dirección de Educación Pública (Dep) aún no emite las resoluciones necesarias para regularizar la propiedad de estos bienes, dejándolos en un limbo jurídico.

“La certeza ha sido la excepción; la falta de respuesta, la regla”, sentenció el alcalde Claudio Radonich, quien lleva más de un año gestionando una solución sin obtener actos administrativos concretos por parte de las autoridades educacionales.

El conflicto tiene su origen en la Ley N°21.040, que creó el Sistema de Educación Pública. La norma dispuso que los inmuebles donde funcionaban establecimientos educacionales al 31 de diciembre de 2014 debían traspasarse a los nuevos Slep “por el solo ministerio de la ley”.

El problema radica en que muchos de estos terrenos eran predios mixtos, donde coexistían escuelas con otros servicios municipales. Aunque Punta Arenas realizó el trabajo técnico de separar los roles y terrenos antes del traspaso oficial, la burocracia central no ha validado dichos cambios.

El detonante

La alerta se encendió en marzo de 2025. Pese a que el municipio había subdividido legalmente el predio de la Escuela Especial Rotario Paul Harris en 2023 para separar el colegio (Lote B) de los usos comunitarios (Lote A), el Slep Magallanes procedió a inscribir ambos lotes a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces.

Esta acción ignoró la escritura pública del 9 de junio de 2023, apropiándose del terreno donde funcionan desde hace más de una década la junta de vecinos N°26 Barrio Croata y la Iglesia Pentecostal Doctrina y Espíritu.

Ambas instituciones cuentan con comodatos vigentes, pero hoy, registralmente, figuran como propiedad del servicio de educación.

Un patrimonio en el limbo

El temor del municipio es que el caso de la Escuela Paul Harris se repita en otros seis establecimientos que presentan situaciones complejas. En estos lugares, la municipalidad realizó las subdivisiones legales entre 2022 y 2023 -siguiendo la doctrina de la Contraloría- para separar lo educativo de lo comunitario. Sin embargo, la Dirección de Educación Pública no ha dictado las resoluciones modificatorias que validen dicha separación.

En este limbo se encuentra la Biblioteca Municipal Gabriela Mistral, ubicada a un costado del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán; las oficinas de la Corporación Municipal de Punta Arenas, contiguas al Liceo Polivalente Sara Braun; un terreno baldío colindante con la Escuela Pedro Pablo Lemaitre; y los terrenos donde se emplaza el Centro de Salud Familiar provisorio 18 de Septiembre. Todos estos casos fueron informados en un oficio enviado por el municipio a la Secretaría de la Cámara de Diputados.

En conversación con La Prensa Austral, la secretaria de la Corporación Municipal, Elena Blackwood, explicó que a estos casos se sumarían los terrenos de la exEscuela Patagonia, la exEscuela de Agua Fresca y el Centro de Educación Integral de Adultos (Ceia), donde hasta comienzos de la década del 2000 funcionó el Liceo María Behety. Sobre las dos primeras propiedades, señaló que “como no se prestaba un servicio educativo, eran bienes que deberían quedar para el municipio”. En tanto, el Ceia quedaría en manos municipales a cambio de que la administración comunal cediera los terrenos donde se ubicaba la Casa Azul del Arte, en Avenida Colón.

Consultada por la situación de la óptica comunal, que opera a un costado de la Escuela Portugal, indicó que esta continuará funcionando en el lugar hasta que el Slep decida utilizar esos terrenos para fines educativos.

“Nada está cerrado mientras no salga la resolución final que determine qué bienes quedan en el Slep y cuáles permanecen en los municipios”, concluyó Blackwood.