Entre ñoquis y funcionarios esenciales

Felipe Oelckers,director de Ingeniería Comercial Universidad Andrés Bello

Al cerrar el periodo del ahora expresidente Gabriel Boric, Chile enfrenta el desafío de un Estado que creció significativamente en dotación pública durante su mandato. El término “ñoquis” -originario de Argentina- se refiere a empleados que cobran sin trabajar de forma efectiva, inspirado en la tradición de comer ñoquis el 29 de cada mes para atraer dinero dado que aparecen sólo para cobrar.

En Chile, se usa coloquialmente para criticar contrataciones políticas o ineficientes en el aparato estatal, aunque no todos los funcionarios caen en esa categoría: muchos cumplen labores esenciales en salud, educación, seguridad y servicios básicos, pero también hay otros que no cumplen funciones esenciales y son más bien operadores políticos o ñoquis.

Durante el gobierno anterior, según datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y análisis de centros como Horizontal, el empleo público total aumentó, pasando de aproximadamente de 846.000 a más de 1 millón de funcionarios incluyendo gobierno central, municipalidades y servicios de salud/educación. Gran parte de este crecimiento se concentró en áreas como municipalidades (53.000), servicios de salud (16.500) y educación local (16.000), respondiendo a demandas sociales y expansión de programas.

El costo de mantener esta dotación ha sido relevante: el gasto en personal del sector público representa una porción significativa del presupuesto, con incrementos acumulados que han presionado las finanzas fiscales. En proyecciones recientes de Dipres, el gasto corriente, incluyendo remuneraciones, ha crecido en línea con la expansión de la planta, contribuyendo a que el gasto total del gobierno central se mantenga en torno al 24% del Pib. Esto equivale a miles de millones de dólares anuales en sueldos y beneficios, recursos que -según críticos- podrían redirigirse si se optimiza la eficiencia.

Con la llegada de José Antonio Kast, los medios y analistas proyectan un recorte en la dotación pública para ajustar el gasto y reducir la deuda (que ronda el 42-43% del Pib). Aunque no hay cifras oficiales definitivas aún, se menciona en debates y anuncios que la posibilidad de facilitar desvinculaciones, con estimaciones que van desde decenas de miles hasta cifras más ambiciosas como 100.000 en el mediano plazo, enfocadas en cargos de confianza política, duplicidades o bajo desempeño.

El nuevo equipo promete priorizar mérito y eficiencia, reformando el Estatuto Administrativo y terminando contratos automáticos de asesores con el cambio de gobierno. Sin embargo, existen “amarres” del reajuste 2026 que exigen fundamentos objetivos para no renovar contratas, lo que podría limitar despidos masivos y generar costos por indemnizaciones o demandas, estimados en cientos de millones de dólares si se aplican a gran escala.

La sociedad chilena ha financiado este crecimiento estatal, y ahora se debate cómo equilibrar eficiencia sin afectar servicios esenciales.

El cierre del expresidente Boric deja un Estado más grande, pero también la oportunidad de modernizarlo. La clave estará en distinguir entre funcionarios necesarios y espacios de ineficiencia, para que los recursos públicos rindan mejor para todos, no sólo para algunos.