Entre la urgencia sanitaria y la deuda habitacional

Hace más de un siglo, el expresidente Ramón Barros Luco dejó una frase que suele citarse cuando la política parece atrapada en su propia inercia: “No hay sino dos clases de problemas en política: los que se resuelven solos y los que no tienen solución”. El caso del campamento que colinda con la Villa Raúl Silva Henríquez demuestra que, en realidad, existe una tercera categoría: los problemas que se dejan crecer durante años hasta transformarse en crisis.

Lo que hoy ocurre en ese sector de Punta Arenas no es un fenómeno reciente. El asentamiento comenzó en 2016 con cerca de 90 familias y, con el paso del tiempo, se consolidó y creció hasta superar las 120. Durante casi una década el debate público se movió entre diagnósticos, advertencias y llamados al diálogo, mientras la ocupación se expandía y las condiciones sanitarias se deterioraban progresivamente.

Las consecuencias hoy son evidentes. La acumulación de aguas servidas y desechos ha generado un problema sanitario que afecta directamente a los vecinos del sector y obligó incluso al cierre del Cecosf Sandra Vargas y al traslado de niños del Jardín Infantil Juan Ruiz Mancilla. Cuando servicios de salud y educación deben suspender su funcionamiento por razones ambientales, queda claro que el problema dejó de ser solo habitacional y pasó a ser una emergencia pública.

Pero también sería un error mirar esta situación únicamente desde la óptica del orden urbano o la propiedad del suelo. En esos terrenos viven familias que, por distintas razones, no han encontrado otra alternativa habitacional. La expansión de los campamentos en Chile es un reflejo de un déficit estructural de vivienda que se arrastra por décadas y que ninguna administración ha logrado resolver completamente.

El debate actual sobre la posibilidad de aplicar subsidios de arriendo para facilitar una erradicación del campamento abre una oportunidad que no debería desperdiciarse. Este tipo de instrumentos puede permitir una salida más rápida y menos traumática que un desalojo forzoso, al ofrecer una alternativa transitoria a las familias mientras se avanza hacia soluciones habitacionales más estables.

El desafío ahora es evitar que el debate vuelva a quedar atrapado en la lógica de las recriminaciones. Ni la estigmatización de quienes viven en el campamento ni la indiferencia frente a los vecinos afectados ayudarán a resolver el conflicto. Lo que se requiere es una solución que combine responsabilidad sanitaria, respeto a la legalidad y una política habitacional capaz de ofrecer alternativas reales.