Fiscal regional pierde recurso de nulidad contra fallo por despido que ganó el exfiscal Manuel Soto

“La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ha dictado sentencia definitiva, rechazando los recursos de nulidad interpuestos por el caso del exfiscal Manuel Soto Basauren, manteniendo a firme la sentencia de primera instancia”, dijo el abogado Fernando Leal Aravena, a nombre de su representado, quien fue destituido del Ministerio Público. El fallo obliga a pagar poco más de 90 millones de pesos al demandante.

El 6 de diciembre del año pasado, el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, acogió la demanda principal de tutela laboral, con ocasión del despido por vulneración de garantías constitucionales, condenando al Ministerio Público al pago de $81.412.001 por concepto de indemnización especial establecida en el artículo 489 del Código del Trabajo; y acogió también la acción de daño moral, condenando a la demandada al pago de $10.000.000 por concepto de indemnización de perjuicios”, ordenando remitir copia de la sentencia a la Dirección del Trabajo para su registro correspondiente.

El Consejo de Defensa del Estado, actuando por el Ministerio Público, representado en juicio por Claudio Benavides Castillo, abogado procurador fiscal de Punta Arenas, apeló la sentencia laboral, pero el fallo fue ratificado por el tribunal de alzada.

“Como abogado del señor Soto Basauren nos sentimos satisfechos, ya que para nosotros el que se mantuviera la sentencia de primera instancia era el piso mínimo aceptable ante la grave vulneración de derechos a la integridad psíquica y derecho a la honra sufrida por mi representado”, sostuvo Leal en diálogo con La Prensa Austral.

“En este caso, una sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ha confirmado con lo resuelto la vulneración vivida por mi representado, al rechazar el declarar nula la sentencia de primera instancia”.

Trato vejatorio

El fallo de primera instancia, correspondiente a la jueza (s) Patricia Díaz Torres, acogió la denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, con ocasión de la desvinculación de Manuel Soto, en contra del Ministerio Público, representado por el Fisco de Chile, “por cuanto se ha acreditado la vulneración de sus derechos a la integridad psíquica y a la honra”.

Manuel Soto demandó por maltrato laboral y trato vejatorio a su exempleador, el fiscal regional de Magallanes, Cristián Luciano Crisosto Rifo, en 200 millones de pesos.

El exfiscal ingresó a trabajar al Ministerio Público el 26 de mayo de 2008, tiempo durante el cual desempeñó diversas funciones. Incluso en marzo de 2023, el fiscal nacional AAngel Valencia Vásquez lo designó como fiscal regional suplente en la Región de Magallanes, hasta mayo de ese mismo año, cuando asumió Crisosto.

Cuando se conoció el primer fallo, Manuel Soto declaró que “la resolución del Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas marca un hito importante, es un precedente en la Región de Magallanes”.

“La condena al Ministerio Público, representado justamente por el fiscal regional Cristian Crisosto, por vulneración de derechos fundamentales a un trabajador, a un exfiscal de la República. Esto constituye una declaración y respaldo a lo que yo siempre plantee desde un comienzo”.

“Desde la llegada, precisamente, del fiscal regional, yo fui objeto de un acoso laboral persistente.