Futuro director de Migraciones advierte que hay 37 mil personas con orden de expulsión

• “Echar a una persona del país cuesta cerca de tres millones de pesos. Expulsar a 37 mil tieneun costo elevadísimo, por lo que el Congreso tendrá que aprobar mayores recursos”, sostuvo.

El futuro director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, advirtió que actualmente existen miles de extranjeros con orden de expulsión vigente en Chile, pero que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para concretar esos procesos.

En conversación con CNN Chile Radio, la autoridad designada por el gobierno explicó que la situación heredada es compleja y que el principal desafío será ejecutar las expulsiones pendientes.

“Hoy tenemos en carpeta dejada por el exdirector de Migraciones con 37 mil personas listas para ser expulsadas, con los decretos firmados, y más de 85 mil en proceso de expulsión”, señaló.

No hay presupuesto

Sauerbaum detalló que el problema no es sólo administrativo, sino también presupuestario, ya que el costo de cada expulsión es alto y no fue considerado en la Ley de Presupuestos de este año.

“Hoy día no lo tenemos, porque la Ley de Presupuesto para este año no lo contempló”, afirmó, agregando que será necesario buscar financiamiento adicional para poder avanzar en la medida.

El futuro director también explicó que expulsar a una persona del país implica gastos importantes en traslados, coordinación internacional y logística, lo cual incluye a la persona y a dos oficiales de la PDI, si es un avión comercial. Mientras que en los aviones de la Fach, va un oficial.

Además, en entrevista con Radio Universo, Sauerbaum indicó que de los 300 mil inmigrantes irregulares que se estima hay en Chile,182 mil están empadronados, y de ellos hay 6 mil que cometieron algún tipo de delito en Chile.

“Echar a una persona del país cuesta cerca de tres millones de pesos. Expulsar a 37 mil tiene un costo elevadísimo, por lo que el Congreso tendrá que aprobar mayores recursos”, sostuvo.

Además del factor económico, la autoridad advirtió que existen dificultades diplomáticas que podrían complicar el proceso, especialmente en el caso de ciudadanos venezolanos, que representan una parte importante de las órdenes de expulsión pendientes.

“Estamos planeando un primer grupo pequeño para la segunda semana de abril que iría a Colombia”. El segundo obstáculo es financiero: “El servicio en multas generó casi 6 mil millones de pesos el año pasado, pero también tenemos 4 mil millones sin cobrar. Tenemos que obtener recursos de distintas fuentes”.

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