Habitante de toma “Las Etnias” niega prostitución, tráfico de drogas y acusa trato xenófobo de autoridades

Martha Sánchez tiene 51 años, llegó de Colombia y hace casi ocho vive en la toma conocida como “Las Etnias”, ubicada al final de la villa Cardenal Raúl Silva Henríquez. Su casa -levantada por sus propias manos junto a su esposo- comparte el terreno con la vivienda de su hijo y su cuñado. Durante dos años fue tesorera de la directiva del asentamiento. Conoce a sus vecinos, ve jugar a su nieto de siete años con los niños de la villa Silva Henríquez y llega sola a su casa a las once y media de la noche, cuando termina su turno como reponedora en un almacén. Por eso, cuando escuchó las denuncias que la presidenta de la junta de vecinos de Villa Hornillas, ante el Consejo Regional -acusando a la toma de ser foco de prostitución, tráfico de drogas y amenazas- decidió hablar.

“Lo que más me duele es que hablen lo que no es”, dijo Sánchez. “Puede haber otra persona que venda drogas, sí, pero no pueden generalizar. Es como si yo dijera que todos los chilenos venden o fuman”.

Las acusaciones formuladas por la presidenta de villa Hornillas, tuvieron amplia repercusión pública: tráfico de drogas, prostitución, autos en la noche, personas con armas y vecinos amenazados con palos. Incluso el alcalde Claudio Radonich se refirió a la presunta existencia de un bar clandestino al interior del asentamiento. Pero los habitantes de “Las Etnias” rechazan de manera categórica esa descripción.

Sánchez apunta directamente a las contradicciones del relato: “Si hubiera prostitución y narcotráfico como ellos dicen, ¿cómo los padres de la villa Silva Henríquez dejan que sus hijos de cuatro, diez y once años vengan a jugar a las genias con mi nieto? Los niños juegan juntos todos los días. Eso no puede coexistir con lo que ellos describen”.

Sobre el supuesto bar clandestino, su respuesta es irónica pero precisa: “Si usted sabe que hay un bar, señora Fulana, es porque usted va al bar. O su esposo viene al bar. ¿Cómo se dio cuenta, si no?”.

Respecto a los autos que ingresan al sector durante la noche -uno de los argumentos esgrimidos para sostener la existencia de actividades ilícitas- , Sánchez contraataca: “Lógico que entran autos. El que trabaja, ahorra y puede comprarse un auto. Esto no es como en mi país, donde tener un auto significa tener millones”.

“Que nos saquen, está bien, lo acepto. Acepto que llegue el camión y todos para afuera. Pero que no digan lo que no es”, afirma Sánchez. “Si empezaron por la sanidad, que se concentren en la sanidad”.

Además, Sánchez apunta a otra dimensión del problema que, asegura, no aparece en los medios: son los propios vecinos de las villas colindantes quienes arrojan escombros, colchones y los excrementos de sus mascotas al sector. “Las vecinas de Silva Henríquez van a tirar el popó del perro a la toma. Se les muere un perro y lo llevan al ‘chuco’ que nos dieron para botar la basura. Eso no lo dicen”.

Acusa xenofobia
y burocracia

La mujer extranjera reconoce abiertamente que existe xenofobia en el trato que reciben, y lo sustenta con una experiencia concreta: hace poco más de un mes fue al Servicio de Vivienda y Urbanización a buscar orientación sobre vivienda. La funcionaria que la atendió le dijo, según relata, que primero se resolvería la situación de los chilenos y que a los extranjeros se les atendería al final, solo si tenían todos los papeles al día. “Me sentí muy humillada”, sostuvo.

Al ser consultada sobre la posible solución al conflicto vía subsidio de arrendamiento, indicó que “a los extranjeros no nos arriendan una casa en menos de 600 mil pesos. Y el salario no es de 600 mil pesos. ¿Qué hace una madre sola, jefa de hogar, con eso?”. Recordó que el Serviu hace un par de meses convocó a una reunión para hablar sobre una eventual reubicación.

“Nosotros también hemos ahorrado. Hay personas que tienen los recursos para postular, pero no nos dan la oportunidad”, dice Sánchez al responder sobre las opciones de acceso a vivienda.

Lo que más le preocupa, sin embargo, no es el desalojo en sí, sino el daño que las declaraciones públicas generan en quienes no pueden defenderse solos: “Hay niños en la toma. Cuando la presidenta dice esas cosas por la prensa, está perjudicando a los menores. Ellos no merecen crecer con esa etiqueta”.