Lo que se dice. Lo que se hace. Lo que queda

“Si el pueblo de Chile nos da el honor de poder representarlos de aquí en adelante, no les quepa duda que en nuestro futuro gobierno se va a terminar la figura del delegado presidencial”, palabras pronunciadas por el ex mandatario, Gabriel Boric F., en la Cumbre de Gobernadores Regionales celebrada en la comuna de San Pedro de la Paz el año 2021, citado en el medio electrónico www.cnnchile.com el 10 de septiembre del año 2021.

En la página www.fastcheck.cl con fecha 26 de diciembre del año 2025 se precisa: “Se difundió en redes sociales que el presidente electo, hoy presidente en ejercicio, José Antonio Kast, prometió reducir su sueldo a la mitad durante su campaña electoral de 2021. Fast Check CL califica este contenido como #Real. En diversas ocasiones- incluso en su programa “Atrévete por Chile”-, manifestó que reduciría su salario presidencial en 50%. No así durante su campaña 2025”.

Las frases antes citadas son reales y chequeadas, más allá de las eternas promesas de eliminar la delincuencia o expulsar a los inmigrantes, existen diferencias importantes entre promesas y promesas de campaña, pues algunas dependen de una serie de factores que deben confluir y presentarse en el momento preciso para que se puedan concretar y que generalmente dependen de factores externos a la voluntad del gobernante, y otras dependen de la sola voluntad del gobernante, denominada normalmente “voluntad política” de modo tal que, en principio, sólo se podrían cumplir aquellas que dependen de la voluntad política del gobernante.   

Vivimos tiempos especiales en que la sociedad, curiosamente, exige transparencia, lealtad, honradez a toda prueba, en circunstancias que, normalmente, cualquier ciudadano, si puede saltarse una cola por influencia o por un favor, todavía lo hace, o si puede obtener un beneficio ocultando información, lo hace; así las cosas, tenemos una sociedad, en su conjunto, indeterminada en sus integrantes que exige la máxima probidad por un lado y, por el otro, a ciudadanos que si les dan la oportunidad son capaces de cometer pequeñas faltas e incluso delitos, lo que no le impide exigir de todos la máxima honradez, aunque ese sujeto oculto tras la denominación de “la sociedad en su conjunto” omite su actuar deleznable.

Pero lo real es que los seres humanos necesitamos ejemplos a los cuales seguir, y cada vez son menos, más escasos o pocos, ya ni siquiera los padres cumplen ese rol, los profesores cada vez menos y, de mentores en los trabajos u oficios públicos, mejor no hablar y es por ello que necesitamos que aquellos que son figuras políticas, dedicadas a la función pública, puedan y deban excluir de sus promesas y práctica cotidiana, la generación de compromisos que, dependiendo sólo de su voluntad política no quieran cumplir, pues aquello lesiona algo que siempre se destaca como un valor o institución que se debe proteger: la fe pública, esa necesidad de constatar que quienes nos dirigen o pretenden dirigirnos, a lo menos, cumpla con aquello que depende de sus propios actos y no de terceros o, que a lo menos, en caso que existieran circunstancias ajenas a su voluntad, puedan dar explicación satisfactoria de por qué no se cumplió para que no quede la sensación que solo fue una de tantas promesas que no se concretaron.

Lo anterior porque uno de los elementos emocionales que mantienen las instituciones es la fe en su bondad, la creencia de que los que se promete se cumplirá y ello fortalece el ser colectivo y a cada uno de sus integrantes generando una luz de esperanza en que los tiempos que vienen serán mejores. Cumplir lo prometido en el ámbito personal es una obligación de honor y muchas veces jurídica, pero cumplir lo prometido en el mundo político es la renovación de un compromiso de claridad y de trabajo que constituye un imperativo, si queremos recuperar la fe en la política y sus beneficios para la comunidad toda, pues siempre esperamos que lo que se dice es lo que se hace y, finalmente, lo que queda.