Transición y medio ambiente

La decisión del Ministerio del Medio Ambiente de retirar 43 decretos supremos que se encontraban en trámite ante la Contraloría General de la República ha encendido las alarmas en diversos sectores de la opinión pública. No obstante, un análisis pausado obliga a reconocer que, en el contexto de un cambio de mando, este movimiento resulta, hasta cierto punto, una práctica habitual y esperable.

Desde la nueva administración, liderada por el Presidente Kast, se ha argumentado que esta medida busca asegurar que los instrumentos respondan a los estándares técnicos y normativos vigentes, formando parte de un plan de auditoría interna que exige una revisión minuciosa de la calidad jurídica de los actos administrativos. Este argumento cobra fuerza al observar que el gobierno saliente ingresó 21 de estos decretos durante los primeros días de marzo, incluyendo 13 de ellos en su último día de gestión. Ante tal volumen de tramitación de última hora, es comprensible que una nueva autoridad requiera revisar el contenido de lo que se pretende implementar bajo su responsabilidad.

Sin embargo, lo que administrativamente puede ser una “práctica habitual”, ambientalmente representa una pausa en temas críticos que no siempre pueden esperar los tiempos de la burocracia. Entre los documentos retirados se encuentran materias de alta sensibilidad, como los planes de descontaminación para la cuenca del Lago Villarrica, el resguardo de las ranitas de Darwin, y la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural. También se han frenado reglamentos que establecen normas de calidad ambiental y la creación de parques nacionales y reservas.

Es aquí donde la ciudadanía y los organismos técnicos deben ejercer un seguimiento riguroso. Si bien el compromiso declarado por el Ministerio es reingresar estas iniciativas “a la brevedad” una vez subsanados los ajustes, el verdadero foco de atención no debe estar sólo en la forma, sino en el giro sustancial que estas medidas puedan tomar. La “revisión minuciosa” no debe transformarse en un debilitamiento de las exigencias ambientales bajo el pretexto de la eficiencia técnica.

El resguardo del patrimonio natural del país exige que este proceso de revisión sea transparente y célere. No se trata sólo de cumplir con altos estándares de calidad jurídica, sino de garantizar que los ajustes no diluyan la protección efectiva de ecosistemas ya vulnerables.

Esta temática y su evolución son altamente importantes para una región como Magallanes, que tiene precisamente en su biodiversidad uno de sus mayores haberes.

La administración actual tiene el derecho de revisar lo heredado, pero también tiene la obligación de demostrar que este paréntesis administrativo no comprometerá la urgencia climática y la conservación de nuestra biodiversidad. La vigilancia sobre el contenido final de estos decretos será, por tanto, el termómetro que medirá el compromiso real del gobierno con el medioambiente.