Seremi Stowhas tras retiro de furgón escolar: “No se puede hacer una defensa de algo que puede crear una desgracia”

Una controversia se ha generado en Punta Arenas tras la fiscalización realizada el pasado lunes frente al Liceo San José, donde un minibús amarillo fue retirado de circulación mientras transportaba a 12 estudiantes sin contar con la autorización correspondiente. El episodio no sólo derivó en sanciones administrativas, sino también en un cruce de declaraciones entre el gremio del transporte escolar y la máxima autoridad regional de la cartera.

El vehículo fue sorprendido por inspectores del Ministerio de Transportes operando sin estar inscrito en el Registro Nacional de Servicios de Transportes Remunerados de Escolares (Renastre). Según Marlene Gajardo, presidenta de la Asociación Gremial de Empresarios de Transporte Escolar (Agetepa), la propietaria -quien lleva 20 años en el rubro- recurrió a esta máquina, que había sido dada de baja a fines de 2025, únicamente para cubrir una emergencia técnica de su furgón oficial y cumplir con los padres.

Sin embargo, desde la seremi de Transportes la visión es tajante. Durante una actividad de fiscalización este jueves, la inspectora de transportes presente confirmó que el vehículo fue retirado precisamente por su informalidad, al haber sido dado de baja por antigüedad.

Al ser consultado sobre la defensa gremial de esta práctica, el seremi del ramo, Allan Stowhas fue enfático en priorizar la seguridad de los menores por sobre las justificaciones de emergencia. “El trabajo de fiscalización va orientado a la seguridad. Si ese bus producía algún riesgo a los niños, había que fiscalizar y cursar la multa”, señaló la autoridad.

Stowhas cuestionó la postura de la asociación gremial al señalar: “¿Cómo uno podría hacer una defensa de algo que puede crear una desgracia? Si sucede algo con un medio de transporte que trabaja irregularmente, ¿quiénes son los afectados? los niños”.

El furgón fue trasladado por una grúa a los corrales municipales y los 12 alumnos debieron ser transbordados a otro vehículo para llegar a sus hogares. La propietaria ahora enfrenta no sólo la infracción ante el tribunal, sino también los costos de grúa y custodia municipal.