Aguas Magallanes impugna en tribunales multa de $102 millones impuesta por Superintendencia por cortes masivos en 2024

Hace tan sólo seis días, el 30 de marzo de 2026, tres testigos declararon bajo juramento ante el 27° Juzgado Civil de Santiago en el juicio que Aguas Magallanes mantiene contra la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). Lo que quedó registrado en esas actas revela, con una precisión que los comunicados oficiales nunca tuvieron, la magnitud real de lo que ocurrió en Punta Arenas durante el invierno de 2024: en el peor momento, casi nueve de cada diez clientes de la empresa se quedaron sin agua potable.

El número lo entregó Roberto Enrique Duarte Carreño, jefe subrogante de la División de Fiscalización de la SISS, en su calidad de testigo de la parte demandada. Según su declaración, el corte del 27 de junio de 2024 afectó a más de 44.000 clientes, sobre un universo total de 48.230. El corte anterior, del 23 de junio, había afectado a más de 35.000. En ambos casos, la causa fue la misma: el congelamiento simultáneo de miles de medidores y arranques domiciliarios que, al deshelarse, provocaron roturas en cadena que vaciaron los estanques de acumulación y dejaron sin presión a la red.

Punta Arenas tiene aproximadamente 140.000 habitantes. El agua potable dejó de llegar a la mayoría de sus hogares no una, sino dos veces, en el lapso de cuatro días.

Lo que la multa no contó

La SISS aplicó en abril de 2025 una multa de 125 Unidades Tributarias Anuales -equivalentes a unos $102 millones- por las fallas durante esa emergencia. Aguas Magallanes la impugnó judicialmente en mayo del mismo año, alegando fuerza mayor, exceso en el monto sancionatorio y vulneración al debido proceso.

Lo que los testimonios de marzo de 2026 aportaron al expediente va más allá de los números. Duarte Carreño reconoció ante el tribunal algo que no había quedado explicitado en la resolución sancionatoria: la SISS no tuvo funcionarios fiscalizando en terreno durante la emergencia. La oficina regional de Punta Arenas dispone de un fiscalizador y su jefatura. Frente a una crisis dispersa en toda la ciudad, el organismo regulador operó requiriendo información a la propia empresa sancionada.

“No hubo fiscalización en terreno”, declaró, “ya que esta es una situación en que está dispersa en la ciudad y no se dispone de los funcionarios necesarios para hacer esta fiscalización en terreno, por ello se operó requiriendo información a la empresa”. La multa de $102 millones, en otras palabras, se construyó sobre datos que Aguas Magallanes misma reportó.

Medidores vía aérea
y contratistas

Julio Enrique Reyes Lazo, gerente legal de Aguas Nuevas -empresa matriz de Aguas Magallanes- fue el testigo presentado por la parte demandante. Viajó a Punta Arenas durante la emergencia y declaró haber presenciado directamente las operaciones de reparación.

Su relato describe una empresa desbordada haciendo lo que podía desde el aislamiento geográfico. Magallanes, explicó ante el tribunal, sólo es accesible por vía aérea, marítima, o por tierra atravesando Argentina, con todas las dificultades que eso implica en invierno. Frente a eso, la empresa tomó medidas que no estaban en ningún manual previo: trajo medidores adicionales por vía aérea desde otras regiones del país, movilizó todo el personal contratista disponible en la región y solicitó apoyo externo a Aguas Araucanía, que envió cuadrillas adicionales al extremo sur.

“Las temperaturas experimentadas por la ciudad de Punta Arenas no tenían registro durante el periodo en que existen referencias escritas respecto de temperatura”, declaró Reyes Lazo. Y añadió un dato que la empresa considera relevante para su defensa: durante los días más críticos de la emergencia, el Presidente de la República visitó Punta Arenas y no reprochó las acciones ni de la empresa ni de la Superintendencia.

Un evento conocido, una respuesta insuficiente

El argumento más sólido que la SISS opuso a la tesis de fuerza mayor lo formuló Gabriel Ricardo Zamorano Seguel, jefe de la División de Fiscalización, quien declaró también el 30 de marzo. Los fenómenos de congelamiento masivo de medidores, dijo, no son nuevos en Punta Arenas: ya ocurrieron en 2018, en 2020 y en 2022. Fue precisamente después del evento de 2022 que la SISS instruyó a Aguas Magallanes a elaborar un Plan de Emergencia, que la empresa presentó en 2023.

El plan existía. La empresa lo ejecutó. Y aun así, 44.000 familias se quedaron sin agua.

Para la SISS, eso demuestra que el plan fue insuficiente y que la empresa no hizo lo necesario para proteger los medidores y acelerar las reparaciones. Para Aguas Magallanes, demuestra exactamente lo contrario: que la emergencia de 2024 superó todo lo que era razonablemente previsible o prevenible.

Zamorano Seguel también precisó en su declaración, bajo contrainterrogación de la parte demandante, quien es responsable de los arranques domiciliarios: “Los arranques domiciliarios incluyendo el medidor, el nicho y la protección térmica que protege el medidor forman parte de la infraestructura pública en que la responsabilidad de su atención, operación y reposición cuando corresponda es de la empresa concesionaria del servicio”. Esa respuesta cierra la puerta al argumento de que los usuarios debían haber protegido sus propios medidores.

El invierno que se acerca

El juicio sigue su curso mientras Punta Arenas se acerca a otro invierno austral. Si la Corte de Apelaciones y eventualmente el tribunal de primera instancia fallan a favor de la SISS, Aguas Magallanes pagará la multa -aunque ese dinero irá al fisco, no a los usuarios que pasaron días sin agua. Si fallan a favor de la empresa, quedará establecido jurídicamente que lo ocurrido en junio de 2024 fue un caso fortuito: un evento tan extremo e imprevisible que ninguna empresa sanitaria podría haber respondido mejor.

En cualquiera de los dos escenarios, la pregunta que los testimonios del 30 de marzo no responden es la que más le importa a los residentes en Punta Arenas: ¿qué pasa si este invierno la temperatura vuelve a caer a -14 grados?