Nuevo seremi y “estado de alerta” en el hospital

El nombramiento de una nueva autoridad siempre abre una ventana de expectativas, pero en este caso la designación del nuevo seremi de Seguridad Pública en Magallanes no ocurre en un escenario cualquiera. Llega en medio de una crisis concreta, visible y largamente advertida: la violencia que enfrentan a diario los funcionarios del Hospital Clínico de Magallanes, especialmente en las unidades más expuestas como Urgencias.

No se trata de hechos aislados ni de episodios recientes que sorprendan por su excepcionalidad. Por el contrario, los gremios de la salud vienen denunciando desde hace tiempo una escalada de agresiones -muchas de ellas de alta complejidad- que han desbordado los protocolos existentes. La reiteración de estos hechos deja en evidencia una falla estructural, pues hasta ahora no se ha logrado implementar un sistema eficaz de prevención que proteja a quienes sostienen la atención sanitaria en condiciones ya exigentes.

La declaración de “estado de alerta” por parte de la multigremial no hace más que formalizar una realidad que se arrastra. Que Carabineros deba intervenir dentro de un recinto hospitalario no puede normalizarse. Tampoco puede aceptarse que los equipos de salud trabajen bajo amenaza constante, ni que pacientes vean comprometida su atención por entornos inseguros.

En este contexto, el nombramiento de Ronald López Rivas adquiere un carácter urgente más que protocolar. Su experiencia y conocimiento del territorio serán puestos a prueba de inmediato, no en el diseño de estrategias a largo plazo, sino en la capacidad de responder a una crisis activa. La seguridad hospitalaria no puede seguir siendo un tema pendiente ni subordinado a diagnósticos reiterativos.

El fenómeno denunciado -incluyendo el uso del hospital como una suerte de “guardería judicial”- revela además una descoordinación interinstitucional que agrava el problema. Cuando el sistema de salud absorbe funciones que corresponden a otros ámbitos del Estado, se tensiona aún más un espacio que debería estar resguardado. La reunión comprometida con el intersector es, en ese sentido, un paso necesario, pero insuficiente si no se traduce en medidas concretas y sostenidas.

Con todo, sería un error pensar que este será el único desafío de la nueva autoridad en la región. La seguridad pública en Magallanes -como en el resto del país- enfrenta múltiples aristas que van desde la prevención del delito hasta la gestión de emergencias y la coordinación institucional. Sin embargo, lo que ocurre hoy en el hospital es una señal de alerta que no admite dilación.

La ciudadanía espera algo más que diagnósticos y mesas de trabajo. Espera decisiones, recursos y, sobre todo, resultados. Porque cuando la violencia entra a un hospital y se vuelve parte del cotidiano, no sólo se pone en riesgo a los funcionarios, sino que se erosiona un pilar esencial del Estado y se instala una sensación de desprotección que ninguna autoridad puede permitirse ignorar.