La violencia entra al aula

La amenaza de un tiroteo en el Liceo Politécnico de Punta Arenas no es un hecho aislado. Es, más bien, el síntoma visible de una fractura más profunda que atraviesa hoy al sistema educativo, dada por la creciente normalización de la violencia -real o simbólica- al interior de los establecimientos escolares. Lo ocurrido esta semana en Magallanes, con mensajes que anunciaban ataques y que incluso se replicaron en otros liceos de la región, obligando a suspender clases, marca un punto de inflexión que no puede ser relativizado.

La reacción del Servicio Local de Educación Pública (Slep) de querellarse contra quienes resulten responsables no sólo es pertinente, sino que es necesaria. En un contexto donde la amenaza se instala como mecanismo de intimidación, la señal institucional debe ser clara. No se trata de “bromas” ni de actos impulsivos sin consecuencias. Se trata de conductas que alteran gravemente el funcionamiento del sistema educativo, generan temor generalizado y vulneran el derecho fundamental a la educación.

La violencia escolar ya no se expresa únicamente en peleas o conflictos entre estudiantes. Hoy adopta formas más complejas y peligrosas, muchas veces amplificadas por redes sociales, por fenómenos de imitación o por la influencia de hechos extremos que han ocurrido tanto en Chile como en el extranjero. La amenaza de un tiroteo -aunque no se concrete- tiene efectos reales, ya que paraliza comunidades completas, obliga a desplegar recursos de seguridad y rompe la confianza básica que debe existir en el espacio educativo.

Y ese impacto no es menor. La suspensión de clases, la intervención de fuerzas policiales y la activación de protocolos de emergencia no sólo alteran la rutina. Evidencian que la escuela, que debiera ser un espacio seguro por definición, comienza a percibirse como un lugar de riesgo. Eso, en sí mismo, es una derrota social.

En este escenario, la querella del Slep cumple un doble rol. Por un lado, busca perseguir responsabilidades penales, estableciendo un precedente necesario frente a este tipo de amenazas. Por otro, instala un mensaje institucional en cuanto a que el sistema educativo no tolerará la violencia, ni siquiera en su forma anunciada o potencial. Es una línea que debe marcarse con firmeza, especialmente cuando la impunidad o la minimización de estos hechos pueden abrir la puerta a situaciones aún más graves.

Sin embargo, sería un error pensar que la respuesta judicial es suficiente. La violencia escolar -y particularmente este tipo de amenazas- exige una mirada más amplia. Hay factores estructurales que no pueden ignorarse. Elementos a tener en cuenta son la salud mental deteriorada, los entornos familiares complejos, el acceso a contenidos violentos, el debilitamiento de la autoridad pedagógica y la creciente dificultad para gestionar conflictos al interior de las comunidades educativas.

El caso reciente de violencia extrema en un colegio de Calama, donde un estudiante perpetró un ataque fatal, demuestra que las señales previas -muchas veces desestimadas- pueden escalar hacia consecuencias irreparables. No se trata de alarmismo, sino de comprender que la frontera entre la amenaza y la acción puede volverse difusa si no se actúa a tiempo.

Por eso, la discusión de fondo no puede limitarse a la sanción. Es imprescindible fortalecer los sistemas de prevención, mejorar la convivencia escolar, dotar de herramientas reales a docentes y equipos directivos, y abordar con seriedad la salud mental de niños y adolescentes. La escuela no puede cargar sola con este desafío, pero tampoco puede quedar desprotegida frente a él.