Magisterio denuncia irregularidades en pagos de sueldos ante Contraloría

El Colegio de Profesores de Magallanes presentó una denuncia formal ante la Contraloría por una serie de irregularidades detectadas en el pago de remuneraciones correspondientes al mes de marzo de 2026, las que habrían afectado a docentes de la región bajo la administración del Servicio Local de Educación Pública, instalando un nuevo foco de tensión en el funcionamiento del sistema de educación pública en la zona.

El documento, fechado el 6 de abril en Punta Arenas, expone que la organización gremial recepcionó un número significativo de reclamos de sus asociados, quienes reportaron inconsistencias en sus liquidaciones de sueldo y pagos que no se ajustan a lo establecido contractualmente.

La denuncia describe un conjunto de irregularidades que se repiten en distintos casos, entre ellas el no pago íntegro de las remuneraciones, la omisión de asignaciones legales como bonos, bienios y otros conceptos contractuales, además de descuentos indebidos y falta de claridad en las liquidaciones de sueldo. A esto se suman pagos parciales realizados fuera de plazo, lo que ha incrementado la preocupación entre los profesionales de la educación, quienes dependen de estos ingresos para su sustento mensual.

El documento también advierte sobre la dimensión administrativa del problema, apuntando a posibles incumplimientos en la gestión de recursos públicos. En ese sentido, la presidenta gremial Alicia Aguilante Vargas sostiene que estos hechos “no sólo vulneran derechos laborales básicos de las/los trabajadores de la educación, sino que además podrían constituir incumplimientos a la normativa vigente en materia de administración de recursos públicos”, enfatizando la gravedad de las situaciones detectadas.

El impacto de estas irregularidades ha sido transversal entre los docentes afectados, generando un escenario de incertidumbre que, según se detalla en la presentación, ha repercutido tanto en el ámbito económico como personal. En el escrito se señala que la situación ha provocado “una profunda preocupación, malestar e incertidumbre en el profesorado afectado, impactando directamente en su estabilidad económica y bienestar personal”, reflejando el alcance de los problemas denunciados.

A partir de estos antecedentes, el gremio solicitó a la Contraloría Regional instruir una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos denunciados y determinar eventuales responsabilidades administrativas en el manejo de los pagos. Asimismo, requirió la adopción de medidas que aseguren la correcta y oportuna remuneración de los funcionarios afectados, considerando la reiteración de los problemas reportados.

Junto con lo anterior, la organización gremial pidió ser informada oportunamente respecto del avance y resultados de la denuncia, en un contexto donde los docentes esperan una respuesta institucional que permita corregir las irregularidades y restablecer la normalidad en el pago de sus remuneraciones. La presentación formaliza así un proceso que busca no solo esclarecer lo ocurrido durante marzo, sino también prevenir la repetición de situaciones similares en el sistema educativo regional.