Dirigenta cuestiona medidas frente a violencia escolar y advierte falta de respuestas en denuncias laborales

• Nadia Díaz planteó reparos al enfoque del proyecto de convivencia escolar y alertó sobre la acumulación de denuncias y sumarios sin resolución, incluyendo cuestionamientos a nombramientos en el nivel ministerial.

La preocupación por el aumento de hechos de violencia en establecimientos educacionales y la falta de respuestas frente a denuncias laborales fueron parte de los temas que abordó la presidenta de la Asociación de Funcionarios Sur Docente Magallanes (Asuma), Nadia Díaz, quien opinó tanto sobre las medidas impulsadas a nivel nacional como las situaciones pendientes al interior del sistema local.

En relación con los episodios de amenazas de tiroteos en colegios, la dirigenta sostuvo que no todas las situaciones justifican la suspensión de clases. En ese sentido, planteó la necesidad de establecer lineamientos claros desde el sostenedor, haciendo ver que muchas decisiones han sido adoptadas de manera aislada por los propios establecimientos.

Díaz también advirtió que este tipo de situaciones no son nuevas, aunque hoy tienen mayor visibilidad, y planteó que en algunos casos podrían responder a dinámicas propias del estudiantado. Sin embargo, recalcó que la respuesta institucional debe ser rigurosa, con investigación y participación de organismos competentes. “No pueden estar los profesores haciendo de guardia. No es su función”, afirmó, subrayando que los trabajadores de la educación no cumplen roles policiales ni investigativos, pero sí requieren condiciones de seguridad para desarrollar su labor.

Respecto del proyecto de ley en discusión sobre convivencia escolar, la dirigenta expresó dudas sobre su efectividad. “Yo considero que el proyecto no resuelve el tema de fondo, porque el tema de fondo es la prevención y la educación”, sostuvo, agregando que medidas como detectores de metales o revisiones de mochilas no abordan el origen del problema. A su juicio, el foco debe estar en el desarrollo emocional, la convivencia y el compromiso familiar, advirtiendo además que la implementación de nuevas exigencias suele recaer en recursos limitados de los propios establecimientos.

Denuncias

En paralelo, la dirigenta abordó la situación de denuncias laborales asociadas a la gestión de autoridades educativas, incluyendo cuestionamientos por el nombramiento del seremi de Educación, José Raúl Alvarado, según indicó, mantiene antecedentes previos. Precisó que existen diez denuncias y tres sumarios en curso vinculados a este caso, los cuales fueron ingresados a través de la Ley Karin y ante el Servicio Local de Educación Pública. “No se nos ha dicho que este proceso terminó”, indicó, agregando que existía un compromiso de contar con resultados a fines de marzo, lo que no se ha concretado.

Díaz explicó que, pese a que el funcionario dejó su cargo en el sistema local, existe un período de responsabilidad administrativa que permite continuar los procesos investigativos. En ese contexto, señaló que las acciones deben ser asumidas por instancias superiores, indicando que “el ministerio tiene que hacerse cargo de recoger el contexto”, debido a la jerarquía administrativa involucrada.

Asimismo, cuestionó el funcionamiento de la Ley Karin en el territorio, afirmando que “ha sido un fracaso en este servicio local”, debido a la falta de medidas de protección oportunas para quienes denuncian. Según explicó, la ausencia de resguardo genera que las personas continúen expuestas a situaciones de maltrato, lo que desincentiva la denuncia y agrava los conflictos laborales.

La dirigenta también planteó que la reiteración de denuncias responde a patrones de conducta y no a hechos aislados, destacando el trabajo de acompañamiento que han realizado como organización. Indicó que muchas de las personas que formalizan denuncias lo hacen en situaciones límite, tras haber experimentado vulneraciones de derechos laborales.