Verdad pendiente en la tragedia del Hércules

A más de seis años del accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, que en diciembre de 2019 costó la vida de 38 personas, el país y la región siguen enfrentando una deuda profunda, cual es esclarecer con total claridad qué ocurrió y quiénes son los responsables. El juicio oral en curso no es sólo un proceso judicial más, sino una instancia clave para responder a una de las mayores tragedias aéreas de la historia reciente del país.

Las recientes diligencias realizadas en la Base Aérea Chabunco, donde el tribunal pudo observar directamente los restos de la aeronave, vuelven a situar el foco en aspectos que resultan inquietantes. El peritaje presentado por el ingeniero aeronáutico Luis Adolfo Gómez reafirma la hipótesis de que el avión se desintegró en pleno vuelo y, además, apunta a una causa probable concreta: la pérdida de una pala de la hélice, lo que habría desencadenado una falla catastrófica en la estructura.

Más grave aún es lo que subyace a estas conclusiones. El mismo perito fue categórico al señalar que la aeronave no se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad, ni siquiera al momento de emitirse su certificado meses antes del fatal vuelo. A ello se suman indicios de falencias en los controles de mantenimiento, con elementos vencidos que, pese a haber sido supuestamente revisados, no presentaban observaciones en los registros.

Estos antecedentes no pueden relativizarse ni diluirse en el tiempo. Lo que está en juego no es solo la determinación técnica de una causa, sino la responsabilidad institucional frente a una cadena de decisiones que, de confirmarse, habrían permitido que una aeronave no apta despegara con destino a la Antártica.

El Ministerio Público ha sostenido una tesis clara y ayer insistió en ella. La desintegración en vuelo, provocada por el desprendimiento de una pala que impacta el fuselaje, sigue siendo la hipótesis defendida. Más allá de que esto finalmente se imponga en el juicio, lo esencial es que el proceso logre establecer la verdad completa, sin zonas grises ni omisiones.

Las familias de las 38 víctimas, así como la ciudadanía, merecen algo más que explicaciones parciales. La ciudadanía necesita certezas, justicia y garantías de que hechos de esta magnitud no volverán a repetirse. La magnitud de la tragedia exige un estándar de transparencia y rigurosidad que esté a la altura del dolor causado.

Este no es solo un caso judicial. Es una prueba para las instituciones. El país no puede permitirse que una tragedia de esta envergadura quede marcada por dudas o responsabilidades difusas. Es imprescindible que el juicio avance con la profundidad necesaria y que sus conclusiones sean claras, fundadas y, sobre todo, creíbles.