Slep Magallanes es condenado a pagar más de $82 millones en indemnizaciones por vulnerar derechos de exdirectora
El Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas dictó una sentencia que obliga al Servicio Local de Educación Pública (Slep) de Magallanes a pagar millonarias compensaciones a la exsubdirectora de Gestión y Desarrollo de las Personas, Leticia Fuentes Molina. El tribunal determinó que la institución vulneró los derechos fundamentales de la profesional al desvincularla de manera arbitraria y discriminatoria a solo cuatro meses de haber asumido su cargo bajo el Sistema de Alta Dirección Pública.
Desglose de los
pagos ordenados
El fallo, redactado por el juez Cristián Javier Armijo Silva, establece que el Slep deberá desembolsar las siguientes sumas:
$66.323.279 por concepto de la indemnización especial prevista en el Código del Trabajo, equivalente al máximo legal de once remuneraciones mensuales. El juez aplicó este tope máximo debido a la gravedad de las vulneraciones, que incluyeron la ausencia total de motivos en la solicitud de renuncia y la atribución pública de responsabilidad en conflictos ajenos.
$6.029.389 por la indemnización sustitutiva del aviso previo, correspondiente a una última remuneración mensual.
$10.000.000 por concepto de daño moral, al acreditarse el impacto emocional y familiar que sufrió la profesional, quien debió trasladarse desde Temuco a Punta Arenas y luego deshacer su proyecto de vida tras el despido intempestivo.
Todas estas cantidades deberán ser canceladas con los reajustes e intereses legales correspondientes.
Fundamentos
de la sentencia
La justicia laboral acogió la denuncia de tutela por considerar que existieron indicios suficientes de vulneración a la integridad física y psíquica, la honra y la no discriminación. Entre los hechos destacados, el tribunal constató que el Slep publicó la desvinculación de Fuentes en la prensa local antes de que expirara el plazo legal para que ella presentara su renuncia voluntaria, asociando su salida a una supuesta “optimización de la gestión”.
Además, la sentencia aclara que se intentó responsabilizar a la funcionaria por la movilización docente de marzo de 2025, a pesar de que el conflicto tenía orígenes previos a su llegada y que ella fue progresivamente excluida de las mesas de trabajo para abordar dicha situación
Medidas reparatorias
adicionales
Más allá de los pagos económicos, el tribunal ordenó al Slep Magallanes enviar una comunicación oficial a la Dirección Nacional del Servicio Civil. En dicha carta, la institución deberá declarar explícitamente que no existe ni ha existido cuestionamiento alguno respecto al desempeño laboral y profesional de Leticia Fuentes Molina durante su paso por el servicio local.
Por otro lado, el tribunal rechazó las pretensiones de la demandante relativas al pago de horas extraordinarias, asignaciones por cambio de residencia y lucro cesante, por no ajustarse a los requisitos legales o constituir una doble reparación. El Slep no fue condenado al pago de las costas del juicio por haber tenido motivos plausibles para litigar en ciertos puntos del proceso.
Gremio de funcionarios exige transparencia total
ante denuncias de irregularidades en selección de personal
La Asociación de Funcionarios del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes (Afuslep) manifestó su “profunda preocupación y rechazo” ante las irregularidades denunciadas y difundidas recientemente, las cuales estarían vinculadas a procesos de selección de personal y otras actuaciones que podrían contravenir los principios de legalidad. El gremio advirtió que estos hechos afectan gravemente la confianza pública y generan un legítimo menoscabo en los trabajadores que desempeñan sus labores con compromiso y vocación.
Exigencia de respuestas
y colaboración judicial
Ante la gravedad de las denuncias, los funcionarios acordaron en asamblea tomar las siguientes medidas:
Transparencia institucional: Solicitarán formalmente a la Dirección Ejecutiva (S) del Servicio Local información clara y máxima transparencia respecto de los hechos conocidos.
Investigación de responsabilidades: Requirieron que la institución colabore plenamente con las investigaciones de los organismos competentes para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Protección de expectativas laborales: Expresaron su inquietud por situaciones que pudieran haber perjudicado a funcionarios que aspiraban a participar en concursos bajo condiciones de igualdad de oportunidades y objetividad.
Finalmente, Afuslep hizo un llamado urgente a resguardar la institucionalidad y el correcto funcionamiento del servicio para evitar que estas situaciones continúen afectando a quienes sostienen día a día el sistema educativo público en la Región de Magallanes.




