Corte de Apelaciones ordena indemnizar en $120 millones a exradiodifusor detenido y torturado en Regimiento Pudeto en 1973

• Hugo Guala Hurtado demandó al fisco de Chile a objeto de conseguir el resarcimiento del daño moral causado por su privación de libertad y tortura, sufridos en 1973 y 1982, por motivaciones políticas.

Este reciente 23 de abril, el Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas recepcionó el oficio emanado desde la Subsecretaría de Justicia, firmado por el subrogante Héctor Valladares Vargas, mediante el cual ordenó al Servicio de Tesorería Regional Metropolitana, el cumplimiento de la sentencia que decreta el pago al demandante Hugo Enrique Guala Hurtado, la suma única y total de 120 millones de pesos, correspondiente a la causa caratulada “Guala con Consejo de Defensa del Estado”.

Fue la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que acogió el juicio de hacienda, por indemnización de perjuicios, en contra del fisco de Chile, por hechos ocurridos durante el Golpe de Estado de 1973 que afectaron directamente al exradiodifusor local Hugo Guala.

Los sentenciadores, ministros Caroline Turner, Julio Alvarez y la abogada integrante Sintia Orellana, resolvieron “atendido el mérito de los antecedentes, y apreciada la entidad del padecimiento sufrido por el demandante, como también sus consecuencias, físicas, psíquicas y sociales, y, por cierto, la persistencia en el tiempo de dichas consecuencias, según consta del informe psicológico de daño acompañado a la causa, es que corresponde acceder a la pretensión indemnizatoria de autos, fijándose prudencialmente su monto en la suma de $120.000.000, cantidad debidamente reajustada de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha en que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada y la fecha de su pago efectivo, y que devengarán intereses legales desde que el fisco se encuentre en mora en cumplir lo resuelto hasta la fecha del pago efectivo”.

Este fallo de segunda instancia revocó lo resuelto en julio del año 2025 por el titular del Segundo Juzgado de Letras, Claudio Jara, quien rechazó la demanda todas sus partes, al invocar la prescripción de la acción civil, además porque el demandante ya era beneficiario de una pensión reparatoria y beneficios de la Ley N°19.992.

En todo caso, este juez de primera instancia, recurriendo al mismo predicamento, ha rechazado sistemáticamente todas las demandas de DD.HH. por indemnización de perjuicios.

Los hechos

Consta en la demanda, que Hugo Guala Hurtado, de actuales 76 años, a la fecha de la ocurrencia de los hechos era militante del Partido Socialista de Chile, desempeñándose como secretario provincial de la Junta de Auxilio Escolar y Becas en la ciudad de Punta Arenas.

Fue detenido el 12 de Septiembre de 1973, por efectivos de Carabineros, tras ser llamado por el bando militar N°10 a presentarse voluntariamente en una Comisaría de la ciudad de Punta Arenas, siendo trasladado de inmediato hasta las dependencias del Regimiento Pudeto, a cargo de militares, lugar donde quedó en el sector del gimnasio, junto a otros detenidos. En este lugar, Guala fue objeto de sendos interrogatorios, para lo cual lo trasladaban a una oficina al interior del mismo regimiento, en los que le preguntaban por su trabajo y si él entregaba beneficios a miembros de partidos políticos. Durante los interrogatorios, que se sucedieron en varias oportunidades durante su reclusión, fue objeto de tortura psicológica consistente en constantes amenazas de muerte, lo que le provocaba mucho miedo, pues no sabía si lo iban a matar o no, viviendo una constante situación de incertidumbre.

Finalmente, Guala fue dejado en libertad incondicional con fecha 12 de febrero de 1974.

Sin embargo, se hace presente que el demandante fue detenido en una segunda oportunidad en 1982, no recordando el día exacto, pero eran cerca de las 8 AM, cuando se dirigía a dejar a su hija al colegio. En ese contexto, dos efectivos de la CNI (Central Nacional de Informaciones) lo metieron a empujones a un auto y lo llevaron lejos, con los ojos vendados, a una casa. Fue interrogado todo el día, siempre vendado, siendo objeto de maltrato tanto físico como sicológico, consistentes en golpes de pies y puños en distintas partes de su cuerpo y amenazas de muerte. Le pidieron que fuera informante de la CNI, lo que Guala no aceptó. En horas de la noche del mismo día, fue subido a un auto y lo dejaron en la Plaza de Armas de Punta Arenas.

La demanda patrocinada por el abogado Carlos Urquieta Salazar, con domicilio en Santiago, reclamaba el pago de una indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido a causa de las torturas sufridas, ascendente a la suma de 200 millones de pesos. El juicio civil de mayor cuantía se inició en enero de 2022.