“El efecto suspensivo que tiene el hecho de admitir a trámite una solicitud de ECMPO es fatal”

• En entrevista exclusiva con La Prensa Austral en el marco del AquaForum Patagonia en Puerto Natales, Osvaldo Urrutia Silva anunció indicaciones legislativas para modificar la Ley Lafkenche entre junio y julio, y confirmó que más de 200 solicitudes de relocalización salmonera están siendo revisadas caso a caso.

Lucas Ulloa Intveen

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Puerto Natales fue la sede del AquaForum Patagonia, uno de los encuentros más relevantes del sector acuícola nacional, y el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia Silva, llegó con una agenda concreta y un diagnóstico sin eufemismos. “Chile necesita volver a crecer, volver a invertir, volver a generar empleo. Cada proyecto detenido ha sido una oportunidad perdida. Detrás de cada inversión postergada, hay empleos que jamás llegaron a esta y a otras regiones”, señaló ante autoridades, gremios y empresas reunidas en la capital de la provincia de Última Esperanza.

En su discurso, Urrutia planteó que la pesca y la acuicultura son parte de la columna vertebral productiva de Chile y que en regiones como Magallanes representan futuro, identidad y oportunidades. A partir de ese marco, presentó una hoja de ruta que incluye la reactivación de las relocalizaciones de centros de cultivo -tanto salmoneros como mitilicultores-, la incorporación de la figura de las microrelocalizaciones, el avance en el cultivo de macroalgas y una serie de cambios normativos orientados a reducir trabas burocráticas sin sacrificar el rigor ambiental.

Entre estos últimos, destacó modificaciones reglamentarias para incentivar que mayor biomasa pase más tiempo en pisciculturas, cambios en el margen de variación del 2% en el conteo de peces, y ajustes a programas sanitarios de Sernapesca para permitir tecnologías que capturen alimentos no consumidos y fecas, convirtiéndolos en fertilizantes o energía. “Señal de que vamos por un camino sostenible”, dijo.

Pero el anuncio de mayor impacto político fue el que concierne a la Ley Lafkenche -que regula los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios- cuya aplicación, a juicio del subsecretario, se ha convertido en un obstáculo para múltiples actividades legítimas en el borde costero, incluyendo la acuicultura, la pesca artesanal, el turismo y las actividades portuarias. El gobierno prepara indicaciones a una moción parlamentaria actualmente en el Senado, con miras a presentarlas entre fines de junio y comienzos de julio.

En entrevista exclusiva con La Prensa Austral, Urrutia entregó el detalle de los tres problemas que se busca corregir y precisó los plazos y condiciones de las relocalizaciones. No obstante, evitó referirse al modelo planteado por el gobernador regional Jorge Flies, con el Gobierno Regional como ente encargado de entregar las concesiones.

Las relocalizaciones

– Usted mencionó más de 200 solicitudes de relocalización en trámite. ¿Cómo se avanza en eso?

– “Cuando hablamos de relocalizaciones, es un mundo extremadamente complejo. Mover una concesión de un lugar a otro es complejo porque hay términos administrativos y puede que el lugar no se quiera mover. Aunque sea un área apta para la acuicultura y aunque exista un derecho de concesión ahí, puede encontrar múltiples obstáculos. La competencia por el espacio marino en Chile no es ningún misterio, y esto está especialmente acentuado en regiones como la Décima. Si usted mira el maritorio de Los Lagos, verá que casi todos los espacios marinos ya tienen una finalidad asignada”.

– ¿Hay una meta de cuántas se resolverán este año?

– “Es imposible dar un número. Lo que sí quiero mandar es un mensaje muy claro: vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que esto avance y se destrabe. Estamos trabajando con todos los titulares, una por una, y tenemos alrededor de doscientas y tantas solicitudes que estamos revisando. Es un trabajo arduo, pero lo vamos a hacer con la mayor responsabilidad posible. Lo que está en juego no es solo que crezca la industria, sino empleos de buena calidad para gente en regiones”.

– ¿Las relocalizaciones deberán pasar por evaluación de impacto ambiental?

– “El espíritu de la propuesta que se está tramitando es claro: para una relocalización o para la figura de la micro-relocalización, deberá someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental siguiendo la regla general, regulada en la Ley de Bases de Medio Ambiente. No pretendemos alterar esa regla general”.

Los tres problemas
de la Ley Lafkenche

– ¿Cuáles son los principales cambios que se buscan aplicar?

– “El primero es el efecto suspensivo. El efecto suspensivo que tiene el hecho de admitir a trámite una solicitud de ECMPO es fatal, la verdad. Ahí hay un gran tapón que ha generado una imposibilidad de que otros usos legítimos puedan tener lugar, porque se establece una prioridad jurídica para una solicitud en trámite. Eso es algo que hay que evaluar y modificar.

“En segundo lugar, la proporcionalidad de los sitios que se piden. Hemos encontrado solicitudes en que se piden 600.000 hectáreas para un puñado de una comunidad pequeña. Eso es inconcebible, no tiene ningún fundamento. El criterio tiene que ser la proporcionalidad, el sentido común. No se puede pedir un sitio que no guarda relación con el número de miembros de la comunidad.

“Y en tercer lugar, el uso consuetudinario. Tenemos un problema de tramitología bastante complejo, que pasa por las limitadas capacidades de los organismos del Estado. La prueba del uso consuetudinario en muchas de las solicitudes ha dejado bastante que desear. Ahí también hay que hacer varios ajustes a la ley”.

– ¿Cómo evitan que estos cambios sean leídos como una reducción de derechos indígenas?

– “Primero, cualquier discusión tiene que ser transparente y por eso esto va a ser una discusión legislativa. La intención es que estas indicaciones sean a una moción que ya está siendo discutida en el Senado, de cara a todos los actores involucrados. En segundo lugar, creemos que hay un consenso bastante transversal acerca de la mala aplicación de esta ley. No solamente en la industria acuícola, sino también en la pesca artesanal, el turismo y las actividades portuarias. Las reformas a esta ley son un ajuste, y creo que hay consenso de que va a mejorar el desarrollo productivo del país y la generación de empleo”.

– ¿Cuáles son los plazos concretos?

– “A fines de mayo realizaremos un taller en la Región de Los Lagos para socializar las propuestas de modificación a la Ley Lafkenche. Esperamos que las indicaciones a la moción parlamentaria que hoy se discute en el Senado puedan presentarse a fines de junio o comienzos de julio”.