Entre la descentralización y la urgencia productiva

El debate sobre el futuro de la salmonicultura en Magallanes ha sumado un ingrediente inesperado: la propuesta del gobernador Jorge Flies de transformar el modelo de concesiones acuícolas, trasladando su titularidad inicial desde el nivel central hacia los gobiernos regionales. La idea, que en otro contexto podría parecer disruptiva, irrumpe en un momento en que el país -y particularmente sus regiones australes- enfrentan una tensión evidente entre la necesidad de reactivar la inversión y la obligación de resguardar sus ecosistemas.

Desde el Ejecutivo, el subsecretario Osvaldo Urrutia Silva fue claro en recalcar que Chile necesita volver a crecer y que la acuicultura es una pieza clave de ese objetivo. Su diagnóstico no admite ambigüedades al hablar de proyectos detenidos que equivalen a empleos que nunca existieron. Bajo esa lógica, la agenda del gobierno apunta a destrabar relocalizaciones, ajustar normativas y revisar una Ley Lafkenche cuya aplicación -según sostiene- ha generado cuellos de botella que exceden el ámbito indígena y afectan a múltiples sectores productivos.

Sin embargo, lo que propone Flies va un paso más allá del ajuste técnico. Plantea una redefinición del rol del Estado en el territorio. Que las concesiones sean primero públicas -radicadas en el Gobierno Regional- y luego transferidas al sector privado implica, en los hechos, avanzar hacia un modelo de gobernanza territorial más robusto, donde la región no solo administre impactos, sino también capture parte del valor generado por la actividad.

La pregunta de fondo es si el país está preparado para dar ese salto.

Porque si bien la descentralización ha sido una bandera transversal en el discurso político, su implementación real sigue siendo fragmentaria. Transferir competencias sin fortalecer capacidades puede ser tan problemático como mantener el centralismo. ¿Tiene hoy el Gobierno Regional las herramientas técnicas, jurídicas y administrativas para gestionar un sistema de concesiones de esta complejidad? ¿Existe un marco de transparencia y control que garantice que esa mayor autonomía no derive en discrecionalidad?

Al mismo tiempo, la propuesta toca un punto sensible: la legitimidad social de la salmonicultura en Magallanes. En una región donde el valor ambiental es parte de su identidad, cualquier expansión productiva requiere algo más que eficiencia regulatoria. Necesita confianza. En ese sentido, un modelo con mayor control regional podría, si se diseña bien, acercar la toma de decisiones a los territorios, incorporar mejor las particularidades locales y generar beneficios más visibles para la comunidad.

En paralelo, el planteamiento del subsecretario revela otra dimensión del problema, dada por la saturación del borde costero y la competencia por el espacio marino. Las más de 200 solicitudes de relocalización en trámite no solo evidencian un rezago administrativo, sino también la complejidad de reorganizar una industria en territorios donde casi cada metro cuadrado tiene ya un uso asignado.

A ello se suma la discusión sobre la Ley Lafkenche, probablemente el punto más delicado del debate. La crítica del gobierno apunta a distorsiones en su aplicación, pero cualquier modificación deberá equilibrar cuidadosamente el desarrollo productivo con los derechos de los pueblos originarios. No es solo un problema de eficiencia, sino de legitimidad democrática.

Magallanes aparece, en este escenario, como una frontera de oportunidades. Tal como señala Flies, su potencial de crecimiento es significativo. Pero también lo es su fragilidad ambiental y su valor estratégico. Duplicar la producción, como se ha sugerido, no es únicamente un desafío técnico. Es una decisión política sobre el tipo de desarrollo que se quiere para la región.