Gore responde por reportaje de viviendas fiscales: “Contraloría impide fijar plazos de devolución”

Lucas Ulloa Intveen

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Tras la publicación del reportaje “Viviendas fiscales del Gore avalúan más de $6.300 millones y los plazos de devolución están vencidos desde 2021”, el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena respondió formalmente a las preguntas que La Prensa Austral había enviado sin obtener respuesta antes del cierre de aquella edición del pasado 26 de abril. Las respuestas fueron firmadas por Diego Sierpe Añasco, jefe de la División de Administración y Finanzas (DAF).

Las aclaraciones modifican en parte el cuadro que presentó el reportaje inicial, especialmente en dos puntos: la vigencia jurídica de los plazos de restitución y el registro contable de los arriendos.

El Gore precisó que el patrimonio habitacional asciende a 37 viviendas. De esas 37, la institución confirmó que 33 mantienen asignaciones originales vigentes: 25 en Punta Arenas, 8 en Puerto Natales y ninguna en Porvenir bajo esa condición.

Las asignaciones más recientes son tres en Punta Arenas y una en Puerto Natales realizadas con posterioridad a la transferencia de Bienes Nacionales de 2012. En Porvenir, en tanto, un inmueble fue entregado en comodato al Servicio de Impuestos Internos y otros dos fueron asignados en 2023 y 2024.

Respecto al padrón actualizado de ocupantes con nombres e instituciones, el Gore señaló que esa información debe ser solicitada formalmente a través del sistema de transparencia pasiva, “respetando el resguardo de la información clasificada como datos sensibles”.

Contraloría y devoluciones

El punto más sustantivo de las respuestas tiene que ver con el artículo transitorio del reglamento de 2019, que fijaba plazos de uno y dos años para que los ocupantes históricos restituyeran las viviendas. El reportaje señaló que esos plazos vencieron hace más de cuatro años sin que se supiera si fueron cumplidos.

El Gore respondió citando el dictamen N°73.001 de 2014 de la Contraloría General de la República, que establece textualmente que “referido a la eventual obligación de restituir la vivienda fiscal en uso, no resulta procedente exigir su restitución por el sólo transcurso del tiempo, atendida la jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República, conforme a la cual el beneficio subsiste mientras se mantengan las condiciones que motivaron su otorgamiento”.

En otras palabras: el organismo fiscalizador del Estado tiene jurisprudencia consolidada que impide fijar plazos de devolución de viviendas fiscales basados únicamente en el tiempo de ocupación. Las únicas causales válidas para exigir la restitución son el traslado del funcionario a otra localidad, su desvinculación del servicio, o que él o su cónyuge sean propietarios de una vivienda en la misma ciudad donde trabajan.

Esto implica que el artículo transitorio que el propio Gore incluyó en su reglamento de 2019 -con plazos de uno y dos años- era incompatible con la jurisprudencia de Contraloría vigente desde 2014. La institución reconoció implícitamente esa contradicción al señalar que “no se puede fijar un plazo para solicitar la devolución de los inmuebles”, aunque aclaró que se encuentra en una “revisión general de la situación de cada inmueble y de los funcionarios que hace ocupación de dichos inmuebles”.

Arriendo no contabilizado

El reportaje apuntó que los estados financieros auditados de 2022 y 2023 registraban cero ingresos por concepto de arriendo, lo que generaba interrogantes sobre si ese cobro se estaba efectivamente realizando.

El Gore aclaró que la situación fue distinta en cada año. En 2022 el ingreso sí fue registrado: los estados de situación presupuestaria publicados en el sitio web del Gore muestran M$21.223 en la partida “Rentas de la Propiedad” -equivalente a unos $21 millones de pesos- , cifra que la auditoría de Fortunato y Asociados no recogió en los registros que este medio revisó.

En 2023, en cambio, el ingreso por arriendo no quedó contabilizado por un error de plazos administrativos. Sierpe explicó que el requerimiento para registrarlo en el sistema SIGFE fue ingresado el 10 de enero de 2024, dos días después del cierre establecido por la Dirección de Presupuestos (Dipres) el 8 de enero de ese año para realizar movimientos con cargo al presupuesto. Al quedar fuera del plazo, el ingreso no pudo ser imputado al ejercicio presupuestario de 2023. El Gore señaló tener identificado el monto correspondiente a ese año y los siguientes, y que puede informarlo si se solicita formalmente por transparencia.

Reglamento en actualización

Sobre el estado del reglamento de viviendas, el Gore confirmó que la Resolución Exenta N°291/2019 sigue formalmente en vigor, pero que una profesional está trabajando en su actualización. La nueva versión incorporaría aspectos que han sido informados por distintos organismos y que no estaban contemplados en el texto vigente. No se entregó fecha de conclusión del proceso.

En cuanto a las viviendas en mal estado, el Gore informó que se han realizado revisiones con profesionales propios y empresas certificadas -específicamente para instalaciones de gas interior- en las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Una vez reunidos todos los antecedentes, se evaluará el financiamiento de un proyecto de mejora de mayor envergadura.

Comodatos en Porvenir

Respecto a los inmuebles en Porvenir, el Gore aclaró que el comodato de la vivienda en calle Piloto Pardo 721, que había sido entregada a la entonces Gobernación de la provincia de Tierra del Fuego, está vencido. La Gobernación desocupó el inmueble porque “el fin por el cual fue utilizado llegó a su término”. El trámite de cierre administrativo de ese comodato está en proceso. No se informó el estado del segundo comodato que en 2019 se encontraba en tramitación para la PDI en calle Piloto Pardo 744.