Umag y plan de sostenibilidad

La Cuenta Pública presentada por la rectoría de la Universidad de Magallanes deja dos conclusiones que deben ser consideradas simultáneamente y sin caricaturas. La primera dice relación con que esta casa de estudios superiores logró detener una trayectoria financiera que se había vuelto insostenible. La segunda se refiere a que el costo de ese ajuste abre interrogantes legítimas sobre el proyecto universitario regional que se quiere construir hacia el futuro.

Las cifras expuestas son contundentes. Más de $10.952 millones en pérdidas acumuladas entre 2018 y 2023 no eran un problema menor ni una dificultad pasajera atribuible únicamente a la pandemia. Había, como reconoció el propio rector José Maripani, un problema estructural. La Umag venía operando durante años con un modelo financieramente desequilibrado, dependiente de ingresos variables, tensionado por costos permanentes y probablemente demasiado lento para adaptarse a un escenario económico cambiante.

En ese contexto, sería injusto negar que el actual plan de sostenibilidad consiguió resultados concretos. La universidad redujo gastos, superó metas de ahorro en más de un 12%, incrementó matrícula y logró revertir un escenario que hasta hace poco parecía acercarse peligrosamente a una crisis mayor. La contención del déficit y el mejoramiento del resultado financiero son noticias positivas no sólo para la institución, sino para toda la región, porque la Umag sigue siendo uno de los pilares estratégicos de Magallanes en formación de capital humano, investigación y desarrollo territorial.

Sin embargo, toda política de ajuste obliga a preguntarse qué se gana y qué se pierde en el proceso.

Parte importante de la recuperación financiera proviene de recortes, dados en la disminución de honorarios, cierre del Centro Universitario de Coyhaique, suspensión del Centro de Cultivo Marino Bahía Laredo y reducción de operaciones. Es legítimo preguntarse cuánto impacto tendrá eso en la capacidad de expansión regional, en la investigación aplicada y en la presencia territorial de una universidad pública que, precisamente por su condición estatal y austral, no debería medir su rol exclusivamente bajo criterios de rentabilidad inmediata.

Porque una universidad regional no es solamente una institución que debe cuadrar balances. También cumple funciones estratégicas que muchas veces no son económicamente rentables en el corto plazo, pero sí fundamentales para el desarrollo de zonas extremas. El cierre de espacios universitarios o la paralización de proyectos puede ser financieramente razonable hoy, pero aun así representar una pérdida para el ecosistema científico, técnico y social de Magallanes y la Patagonia.

Otro aspecto que merece cautela es la lectura de los números positivos presentados en el prebalance 2025. La propia rectoría transparentó que gran parte de la utilidad informada responde a efectos contables asociados al reconocimiento del edificio del Campus Cabo de Hornos en Puerto Williams, sin representar flujo efectivo de caja. Es correcto explicarlo con claridad, porque evita triunfalismos prematuros. La universidad mejoró, sí, pero no salió completamente de la zona de riesgo. De hecho, la misma institución reconoce que persisten problemas de liquidez y sincronización financiera.

La Umag parece haber comprendido algo esencial respecto a que no podía seguir gastando como si nada ocurriera. Pero ahora viene una etapa más compleja que el ajuste mismo, cual es definir qué universidad quiere ser después de la emergencia financiera.