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Fiscal militar cerró investigación por muerte del cabo Carlos Palacios

Martes 12 de Mayo del 2026

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El fiscal militar de Punta Arenas, Alfredo Concha-Perusina Biskup, cerró la investigación por la muerte del cabo de Ejército, Carlos Palacios Muñoz, durante un ejercicio militar que no habría estado autorizado, el pasado 4 de marzo de 2026.

En la justicia militar el procedimiento comienza con la denuncia de un hecho. De ahí nace la investigación, donde el fiscal militar puede someter a proceso al o los involucrados.

Como sucedió en este caso con el capitán Felipe Javier Oliva Osorio y los sargentos Leonardo Mauricio Vallejos González y Jaime Adrián Huichalaf Zimmermann, atribuyéndoles preliminarmente responsabilidad “en calidad de autores en la comisión del cuasidelito de homicidio” y también “en calidad de autores en la comisión del delito de desobediencia impropia, sancionado en el Código de Justicia Militar”.

Encontrándose agotada la investigación, con fecha 6 de mayo el fiscal militar declaró cerrado el sumario.

En todo caso, las defensas o cualquier interesado pueden pedir la reapertura en un plazo de 5 días, si hubiese algo pendiente. Y el fiscal puede aceptar o rechazar. Cumplido ese plazo el fiscal declara “elevado a plenario la causa”. Esto es que la causa sale de sus manos y entra al Juzgado Militar, que es el ente superior.

En esa instancia se dispone de un plazo de aproximadamente 20 días corridos para que el juez militar (en este caso el comandante en jefe de la Vª División de Ejército, quien pasa a ser juez) dicte sentencia, asesorado por su auditor.

Fallecimiento

Zulema Muñoz Alfaro, madre del malogrado cabo interpuso una querella criminal en contra del sargento Leonardo Vallejos por el delito de “torturas con resultado de muerte”. Y en contra de Felipe Oliva y Andrés Ángel Farías, “como coautores del delito señalado”.

Ese 4 de marzo Palacios estaba en la Cuarta Brigada Acorazada Chorrillos, donde fue sometido a pruebas acuáticas destinadas a evaluar las capacidades físicas de personal postulante al curso de especialidad cecundaria de Comandos, que le costaron la vida, al perecer ahogado.

El fiscal concluyó en su investigación preliminar que “dicha actividad fue ejecutada sin contar con la autorización del mando competente, contraviniendo las disposiciones institucionales y las normas reglamentarias de seguridad establecidas para este tipo de ejercicios militares”.

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