Las prioridades de Seguridad Pública

En términos de seguridad pública, el aislamiento geográfico de Magallanes ya no basta como barrera frente a los fenómenos delictuales que avanzan en el país y el mundo.

Las prioridades planteadas por el seremi Ronald López parecen apuntar precisamente a esa lógica preventiva, aunque hace años que se viene observando cómo nuestra región está enfrentando los problemas de las grandes ciudades. Nadie puede ignorar que en términos de contrabando y tráfico de drogras operan redes de cierta envergadura. Pese a ello, podríamos plantear que aún estamos a tiempo de actuar antes de que los problemas escalen a niveles difíciles de contener.

Hablar de crimen organizado, narcotráfico, control fronterizo o inteligencia policial puede sonar exagerado para algunos sectores de la región. Sin embargo, sería ingenuo creer que Magallanes permanece ajena a redes delictuales que ya operan con fuerza en gran parte del continente. Las rutas marítimas, los pasos fronterizos, el crecimiento migratorio y la conectividad aérea convierten también a esta zona extrema en un territorio vulnerable si el Estado no fortalece su capacidad de vigilancia y control.

Por eso resulta relevante que el nuevo diseño de seguridad incorpore tecnología, sistemas biométricos y coordinación internacional. Hoy el delito opera con rapidez, movilidad y sofisticación. Pretender combatir organizaciones criminales con herramientas del siglo pasado simplemente no basta.

Pero la seguridad no puede limitarse únicamente a policías, controles y persecución penal. Sería un error reducir el debate a una lógica exclusivamente represiva. El propio diagnóstico regional demuestra que buena parte de los delitos y situaciones de violencia cotidiana están asociados al consumo problemático de alcohol y drogas, a la pérdida de espacios públicos y al debilitamiento de la convivencia comunitaria.

La recuperación territorial de plazas, barrios y sectores urbanos abandonados es, en ese sentido, una señal correcta. Cuando el Estado desaparece de ciertos espacios, otros terminan ocupándolos. La iluminación, la presencia comunitaria y la prevención siguen siendo herramientas tan importantes como las patrullas o las cámaras.

Sin embargo, hay un punto donde las prioridades planteadas adquieren especial urgencia, cual es la protección de niños, niñas y adolescentes frente a la explotación sexual infantil. Que Magallanes encabece cifras nacionales en esta materia constituye una alarma gravísima que durante demasiado tiempo ha permanecido invisibilizada o relativizada. Allí no bastan discursos ni diagnósticos. Se requiere coordinación real entre policías, justicia, educación, salud y familias.

Magallanes aún conserva ventajas comparativas respecto de otras regiones del país. Pero precisamente por eso existe la obligación de no repetir errores ajenos. Esperar a que el crimen organizado siga avanzando, a que los barrios se deterioren o a que las redes de explotación sigan creciendo sería una irresponsabilidad política y social.

La seguridad pública debe entenderse como una tarea permanente, preventiva y colectiva. Quizás el mayor desafío para esta nueva institucionalidad será justamente lograr que la región no normalice problemas que hasta hace pocos años parecían lejanos.