Funcionarios de las Culturas en Magallanes rechazan recorte de 51 mil millones y advierten por el futuro del Museo Regional y la Biblioteca

El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, llegó a Punta Arenas este lunes para inaugurar el Día del Patrimonio, pero lo hizo con un comunicado en su contra esperándolo. Las organizaciones de funcionarios del Ministerio de las Culturas y el Servicio del Patrimonio Cultural de Magallanes -Anfucultura, Anatrap y Anfupatrimonio- emitieron ese mismo día una declaración pública de rechazo a los recortes presupuestarios que afectan a la cartera.

El número que esgrimen los gremios es contundente: una reducción de 51.000 millones de pesos, equivalente a casi un 10% del presupuesto ministerial autorizado para 2026, lo que supera con creces el 3% de ajuste que Hacienda instruyó transversalmente al sector público. “Es el ajuste más brutal del que tenga registro la institucionalidad cultural del Chile postdictadura”, señala el comunicado, que también denuncia la falta de justificación técnica sobre qué programas o partidas fueron afectados y por qué.

El ministro Undurraga, consultado al respecto durante su visita, reconoció que el presupuesto de su cartera sufrió una reducción mayor al 3%, pero la atribuyó a factores externos: recursos del Consejo Nacional de Televisión y partidas de seguridad para plazas que fueron devueltos a los ministerios correspondientes. “Nuestro presupuesto propio tiene una base de 50.000 millones más a nivel nacional de lo que se ejecutó durante el periodo anterior”, sostuvo, descartando que sea voluntad del gobierno reducir el gasto en cultura.

Preocupaciones
en Magallanes

Más allá de la discusión nacional, los trabajadores magallánicos señalaron consecuencias concretas para la región. La principal es la incertidumbre sobre dos proyectos largamente esperados: la puesta en marcha de la Biblioteca y Archivo Regional -actualmente en construcción en el edificio de la excárcel con un 57% de avance- y la recuperación del Museo Regional, cerrado desde 2023 y cuya restauración completa se estima en más de 6.000 millones de pesos.

“No sólo se requiere asegurar infraestructuras, sino también condiciones operacionales y de dotación de personal que aseguren su funcionamiento óptimo”, advierten los gremios, subrayando que los recortes comprometen ambas dimensiones.

A eso se suma un problema interno que los funcionarios denuncian por primera vez públicamente: el organigrama de la seremi de las Culturas aún no ha sido aprobado. Según la declaración, esa omisión ha llevado a que coordinadores y encargados de programas en regiones sean tratados como jefaturas desde la Subsecretaría, lo que les impide ejercer derechos como el teletrabajo sin tener ni los grados, ni las funciones, ni las responsabilidades que justificarían esa categoría. “Esta decisión carente de sustento jurídico” afecta directamente a los funcionarios de las seremis regionales, señala el texto.

Los gremios también adhirieron a la declaración nacional del sector, que bajo el lema #NoEsMetáfora agrupa a más de cien organizaciones de trabajadores, artistas y gestores culturales de todo el país, y que alerta sobre el impacto del recorte en fondos concursables, programas de lectura, orquestas juveniles, museos, archivos y sitios de memoria.