Contraloría revela que Gobierno Regional no respondió al 62% de las solicitudes del Core entre 2021 y 2024

Un nuevo informe de Contraloría recibió el Gobierno Regional de Magallanes, encabezado por Jorge Flies, en el que se detectaron más de diez irregularidades administrativas que van desde no contestar solicitudes de información de los consejeros regionales hasta la publicación tardía de los estados financieros de la institución. El ente contralor ha catalogado este último punto como constitutivo de “notable abandono de deberes”, y sectores de derecha están comenzando a levantarlo como una posible causal para concurrir al Tribunal Electoral y solicitar la destitución de Flies, cuestión que aún es materia de intenso debate entre los consejeros de Chile Vamos y Republicanos.

Este no es el primer golpe de la Contraloría a la gestión de Flies. Ya a fines de mayo emitió un duro informe cuestionando la forma en que el Gore Magallanes y el Servicio de Protección Especializada adquirieron una casa para ser utilizada como residencia de menores.

A esto se suma la investigación que está realizando el Ministerio Público por el convenio suscrito con la Fundación Hernando de Magallanes y las transferencias que existieron a ProCultura, las cuales en 2024 motivaron el allanamiento del Gore y la incautación del celular de Flies.

Principal irregularidad

Según el informe de Contraloría, el Gobierno Regional no respondió 132 de las 215 solicitudes de información presentadas por consejeros regionales entre 2021 y 2024, lo que equivale al 62,26% del total de requerimientos. Sólo 58 fueron atendidas oportunamente (27,36%), mientras que 22 fueron respondidas fuera del plazo legal de 20 días hábiles (10,38%).

En 2021, 47 de las 67 solicitudes no fueron respondidas (70,15%). En 2022 la cifra fue de 26 sin respuesta de 41 (63,41%); en 2023, 25 de 51 (49,02%); y en 2024, 34 de 53 permanecen sin contestar (64,15%).

La Contraloría instruyó al Gore responder todas las solicitudes pendientes en un plazo de 60 días hábiles desde la recepción del informe, con acreditación en el Sistema de Seguimiento y Apoyo.

El ente fiscalizador indicó que esto entorpece “el ejercicio del rol fiscalizador del Consejo Regional”, ya que contraviene la ley que obliga al gobernador a responder por escrito y dentro de plazo todos los requerimientos del cuerpo colegiado.

El informe también revela que, de las 10 acciones de fiscalización formales iniciadas por el Consejo Regional entre 2021 y 2024, siete fueron respondidas fuera del plazo legal de 20 días hábiles y una de ellas, presentada el 12 de septiembre de 2022, nunca fue respondida.

Cuatro de las diez irregularidades detectadas por Contraloría fueron subsanadas por el Gobierno Regional. Entre ellas figura la omisión de publicación de los informes financieros de 2021 a 2024 en el sitio web institucional, documentos que finalmente fueron cargados en septiembre del año pasado, aunque el ente fiscalizador exigió que en adelante su difusión se realice de manera oportuna.

Dentro de las observaciones no subsanadas se hallaron 10 órdenes de compra pagadas sin recepción conforme en Mercado Público. El Gore deberá regularizar esta última situación en un plazo de 90 días hábiles.

Descartó fraccionamiento

El informe también se pronunció sobre dos denuncias que finalmente fueron desestimadas. En primer lugar, Contraloría determinó que las dos transferencias efectuadas en 2021 a la Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía (Fudea), por $350 millones y $365 millones respectivamente, no constituyen fraccionamiento destinado a eludir la aprobación del Consejo Regional, dado que corresponden a programas con diferencias sustantivas en beneficiarios, montos de subsidios y sectores económicos.

Asimismo, respecto de los proyectos de infraestructura en Puerto Edén -construcción de plazas de juegos infantiles, reposición de sala de máquinas, reposición de pasarelas y adquisición de instrumentos y equipos- , Contraloría constató que la mayor parte de los recursos fue contratada mediante licitación pública y que las contrataciones directas o compras ágiles se realizaron en proporciones menores y debidamente fundadas.