Ocupaciones ilegales en el borde costero

La existencia de ocupaciones ilegales en el borde costero de Magallanes no constituye, por sí sola, una novedad. Lo verdaderamente preocupante es la constatación de que el Estado conoce con precisión dónde están, quiénes las realizan y desde cuándo ocurren, pero aun así ha sido incapaz de resolverlas. El catastro elaborado por la Armada, con decenas de casos georreferenciados, notificados y documentados, revela una paradoja incómoda, cual es que la institucionalidad funciona lo suficiente para detectar las infracciones, pero no para corregirlas. Cuando la ilegalidad persiste durante años pese a existir procedimientos establecidos para enfrentarla, el problema deja de ser la conducta de los ocupantes y pasa a ser la incapacidad del propio aparato público para hacer cumplir sus decisiones.

El caso adquiere mayor relevancia en una región como Magallanes, donde el borde costero constituye uno de sus principales activos estratégicos. Allí convergen intereses productivos, turísticos, ambientales, científicos, comunitarios y culturales. Por lo mismo, resulta especialmente delicado que en un mismo listado aparezcan viviendas precarias, emprendimientos turísticos, infraestructura salmonera e incluso obras impulsadas por organismos públicos. La diversidad de situaciones obliga a distinguir realidades muy distintas entre sí. No es lo mismo una familia vulnerable que busca regularizar una ocupación histórica, que una empresa con recursos suficientes para tramitar concesiones o una repartición estatal que tampoco ha cumplido plenamente con las exigencias administrativas. Sin embargo, precisamente porque los casos son diferentes, la respuesta institucional no puede seguir siendo la misma inacción para todos.

También emerge una reflexión sobre la igualdad ante la ley. La ciudadanía espera que las normas se apliquen con independencia de la influencia política, económica o social de quienes estén involucrados. Cuando existen solicitudes de desalojo que permanecen sin ejecución durante largos períodos, o cuando determinadas ocupaciones continúan operando pese a haber agotado instancias administrativas, inevitablemente surgen dudas respecto de la eficacia y la imparcialidad del sistema. La confianza pública se erosiona cuando las reglas parecen más estrictas para algunos que para otros, o cuando la burocracia termina transformándose en una suerte de limbo donde las irregularidades se perpetúan sin resolución definitiva.

No obstante, sería un error reducir este fenómeno únicamente a una cuestión de fiscalización o desalojos. En efecto, el reportaje sobre el tema publicado en nuestra edición dominical también evidencia las complejidades de una maraña institucional donde intervienen la Armada, Bienes Nacionales, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, la Delegación Presidencial, municipios y diversos servicios públicos. En ocasiones, los propios mecanismos de regularización se entrampan durante años por superposiciones de solicitudes, conflictos normativos o trámites inconclusos. Cuando la legalidad depende de procesos excesivamente lentos o contradictorios, el riesgo es que la excepción termine convirtiéndose en regla.