Arquitecto Dubalio Pérez se querelló por el delito de prevaricación administrativa en contra del director del Serviu

Una querella criminal presentó ante tribunales el arquitecto Dubalio Pérez Ruiz en contra del director del Serviu (s), Omar González Asenjo, por el delito de prevaricación administrativa.

Una acción penal que nace a partir de la denuncia que el Ministerio de Vivienda presentó a la Fiscalía en contra del profesional, basada en el oficio ordinario Nº64, donde González  describe “un esquema de irregularidades en la tramitación de reemplazos de beneficiarios del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el Decreto Supremo N°49 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, beneficio reservado exclusivamente s

para familias del 40% más vulnerable del país”.

Son dos las personas cuestionadas. Una es el actual diputado Alejandro Riquelme, por el beneficio que habría recibido su entonces pareja, Susan Chicuy Godoy, incorporada al proyecto habitacional Estepa Austral I, con fecha de 7 de julio de 2022, con una relación de convivencia de 18 años, y tres hijos en común.

La otra persona denunciada es Dubalio Pérez, vinculada sentimentalmente con Julia López, quien fue incorporada al proyecto Loteo Lomas del Bosque 3 (Resolución Exenta N°614 del 19 de abril de 2022).

Según el mismo oficio N°64, “López habría mantenido una relación de convivencia con Dubalio Pérez Ruiz, quien ejerció como director del Serviu Magallanes entre abril de 2019 y el 1 de marzo de 2022”.

El Serviu concluye que “estos antecedentes hacen presumir que la relación de pareja se mantenía invariable al momento de la postulación, y que, de haber declarado la situación familiar y patrimonial real, López tampoco habría podido obtener el beneficio”

Querella

Para el querellante dichos antecedentes le permiten comprender “la verdadera gravedad de la actuación administrativa que se denuncia”.

Según el abogado patrocinante, Dagoberto Reinuava del Solar, su cliente fue incorporado en una denuncia institucional del Serviu Magallanes “sobre la base de una afirmación patrimonial falsa, presentada como si emanara de sus declaraciones de intereses y patrimonio. La imputación construida por la autoridad no se limitó a revisar la situación habitacional de doña Julia López, sino que utilizó el nombre, la trayectoria pública y la supuesta situación patrimonial del compareciente para dar apariencia de gravedad a una denuncia remitida al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. El núcleo de esta querella radica precisamente en aquello: el Serviu sostuvo que don Dubalio Pérez Ruiz sería dueño de uno o más inmuebles “según su declaración de patrimonio”, pese a que las declaraciones de intereses y patrimonio invocadas no arrojan la existencia de bienes inmuebles a su nombre”.

De acuerdo a esto, “la imputación construida por la autoridad no se limitó a revisar la situación habitacional de doña Julia López, sino que utilizó el nombre, la trayectoria pública y la supuesta situación patrimonial del compareciente para dar apariencia de gravedad a una denuncia remitida al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. El núcleo de esta querella radica precisamente en aquello: el Serviu sostuvo que don Dubalio Pérez Ruiz sería dueño de uno o más inmuebles según su declaración de patrimonio, pese a que las declaraciones de intereses y patrimonio invocadas no arrojan la existencia de bienes inmuebles a su nombre”.

“Esa falsedad formal, atribuida a un documento público, activó una denuncia penal, generó exposición mediática y afectó injustamente la honra del compareciente. Sobre esa base se configura la providencia administrativa manifiestamente injusta que motiva la presente acción penal”.

DubalioPérez es arquitecto, y fue director regional del Serviu entre abril de 2019 y el 1 de marzo de 2022, cargo al que accedió por el sistema de Alta Dirección Pública.

Y si los antecedentes fueron revisados por autoridades regionales, por equipos técnicos y por la autoridad ministerial, “la falsedad contenida en la denuncia revela una falla de control aún más profunda”, se sostiene.

A esto añaden las palabras del ministro de Vivienda, Iván Poduje, que “dieron peso político y comunicacional a una actuación administrativa que carecía de la pulcritud mínima exigible”.