A dos semanas del plazo, nueve autoridades de Magallanes aún no rinden el control antidrogas obligatorio

A poco más de dos semanas del plazo común que fijó el Ministerio del Interior, las nuevas autoridades de Gobierno en Magallanes deben tener reportado y publicado, antes del martes 30 de junio, el resultado de un examen de control de consumo de drogas mediante muestra de pelo. La obligación, que aplica por primera vez al gabinete regional asumido bajo la administración del Presidente José Antonio Kast, hasta ahora no ha sido difundida en la región. Un rastreo de las compras públicas realizadas para cumplirla revela un proceso desigual: mientras al menos ocho reparticiones ya contrataron el examen -en su mayoría con un laboratorio de Santiago cuyo análisis confirmatorio se procesa en Estados Unidos-, otras licitaron sin lograr siquiera adjudicarlo.

El mandato nace del artículo 110 de la Ley 21.806, publicada en febrero, que obliga a delegados presidenciales, seremis y jefes de servicio a someterse a un examen toxicológico de pelo al asumir y, luego, al menos dos veces al año, con resultados de carácter público.

La Contraloría General, encabezada por Dorothy Pérez, precisó en su instructivo IN16/2026 del 28 de abril que el examen debe practicarse dentro de los 30 días hábiles desde la asunción y advirtió que su cumplimiento «no constituye una opción voluntaria o discrecional», quedando sujeto al régimen de responsabilidad administrativa. Sobre esa base, el Oficio Circular N°10.107, firmado el 6 de mayo por el ministro Claudio Alvarado, ordenó a cada organismo contratar el examen por compra ágil, con cargo a su propio presupuesto y apoyo técnico de Senda, y reportar el resultado antes del 30 de junio.

Consultada por este medio, la delegada presidencial regional, Ericka Farías, sostuvo que el tema ha sido revisado con su gabinete y que existe un catastro actualizado del estado de avance. Según detalló este sábado, 16 autoridades -entre seremis y delegados provinciales- ya realizaron el procedimiento, mientras otras nueve se encuentran en distintas etapas de coordinación; de éstas, cinco ya tienen fecha programada para la toma de muestra, muchos quienes viajarían a Santiago la próxima semana. “Nuestro compromiso es que todas las autoridades sujetas a esta normativa den cumplimiento a la ley en los plazos establecidos”, afirmó.

La revisión de las compras ágiles publicadas en Mercado Público entre el 4 de mayo y el 12 de junio identifica 22 procesos de dieciséis reparticiones magallánicas, todos con el mismo objeto. El cuadro permite reconstruir, repartición por repartición, en qué etapa llega cada una al plazo. Con el examen ya contratado figuran la seremi de Vivienda, que encabeza Rodolfo Guajardo; la seremi de Agricultura, Juan Cavada; la Serplac del Ministerio de Desarrollo Social; Serviu; Instituto Antártico Chileno; la Subsecretaría de Seguridad Pública; y las delegaciones provinciales de Tierra del Fuego, de Margarita Norambuena, y de la Antártica Chilena, de Rodolfo Moncada. Varias de ellas adjudicaron recién tras un primer llamado declarado desierto.

En etapa intermedia, con la licitación cerrada, pero sin adjudicación visible al 12 de junio, aparecen la seremi de Salud, de Fabián Barrientos; el Servicio de Salud Magallanes; seremi de Economía; seremi de Educación; y seremi de las Culturas, que mantiene además una segunda compra abierta. El gobierno regional de Magallanes recién publicó su proceso el 12 de junio, con cierre el día 15, situándose como el más rezagado del conjunto.

Procesos desiertos

El dato más persistente son las licitaciones que no logran proveedor. Varios procesos quedaron desiertos en uno o más intentos. La seremi de Minería lo intentó dos veces, el 13 y el 18 de mayo, y ambas quedaron sin oferentes. La seremi del Trabajo y la seremi de Hacienda -esta última con el tope referencial más alto, dos millones de pesos- también quedaron desiertas.

Farías señaló que en esos casos “se están evaluando y aplicando los mecanismos administrativos que contempla la normativa” y que algunos servicios optaron por licitar a nivel central, lo que implica que varios seremis viajarán a la capital en los próximos días para la toma de muestra.

El cuello de botella no es una sorpresa: el propio instructivo de Contraloría anticipó que el cumplimiento masivo “se ve impedido o a lo menos gravemente dificultado por el número de laboratorios certificados” disponibles para analizar matriz de pelo.

Diversos precios
por el mismo servicio

Las cotizaciones obtenidas confirman hacia dónde se canalizó la demanda. Seis de las ocho reparticiones con proceso resuelto contrataron con Fastest SpA, laboratorio con domicilio en Providencia, Santiago, cuyo análisis confirmatorio -según sus propios antecedentes técnicos- lo realiza Omega Laboratories, Inc., con sede en Mogadore, Ohio, Estados Unidos. Es decir, la muestra de cabello de una autoridad magallánica se toma en la región, viaja a la capital y su confirmación forense termina procesándose fuera del país. La Delegación Provincial Antártica optó por la Red de Salud UC Christus, y la subsecretaría de Seguridad Pública por Corthorn Health, laboratorio santiaguino con casi tres décadas de operación y antecedentes de trabajo con Carabineros, la Armada y Codelco.

Los precios del mismo examen, ofrecidos por el mismo proveedor, varían de manera notoria. Fastest cotizó 300 mil pesos a la Delegación de Tierra del Fuego, 350 mil al Inach, 600 mil por unidad a la Serplac, 800 mil a Agricultura y 900 mil tanto a Vivienda como al Serviu. Como referencia, UC Christus cotizó 281 mil 810 pesos al Ministerio del Interior por la misma prestación. La dispersión, surgida de cotizaciones más que de montos definitivos pagados, abre una pregunta sobre los criterios con que cada repartición fijó el gasto.

Negativo a todo
tipo de drogas

Sobre su propia situación, Farías precisó que se sometió al examen “durante las primeras semanas” tras su designación y que el resultado fue negativo para todo tipo de drogas. Explicó que la contratación no la realizó la delegación ni implicó gasto público -lo que aclara su ausencia en Mercado Público-, sino que el costo lo asumió ella y que los antecedentes fueron remitidos a la Presidencia.

Su caso coincide con el del propio Presidente Kast, quien se realizó voluntariamente un test de pelo el 8 de abril, pagado de su bolsillo, tras admitir que “a algunos se nos pasó” hacerlo dentro de plazo.

Respecto de la publicación de los resultados de los exámenes de las autoridades regionales, la delegada dijo que la forma y oportunidad deben ajustarse a las directrices institucionales que se fijen para todo el país, y aseguró “plena disposición de colaborar con los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”. Por tratarse de información pública, los resultados podrán solicitarse una vez vencido el plazo del 30 de junio, dentro de dos semanas más.