Pescadores artesanales se hacen parte de causa por colusión de la centolla ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia

Un grupo de 91 pescadores artesanales de Magallanes se hizo parte como tercero coadyuvante en la causa por colusión en la industria de la centolla que se tramita ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). La presentación, patrocinada por los abogados Pedro Venegas Villavicencio y Valentina Venegas Sepúlveda, busca que los tripulantes y armadores de la pesca artesanal -identificados por la propia Fiscalía Nacional Económica (FNE) como los afectados directos de la colusión- puedan participar activamente en el desarrollo del juicio.

El escrito invoca el Código de Procedimiento Civil y cumple los tres requisitos que la jurisprudencia exige para la intervención de terceros en sede de libre competencia: ser distintos a los interesados directos, que el juicio esté en tramitación, y tener un interés actual vinculado a la protección de la libre competencia y la participación en el mercado afectado. Los solicitantes argumentan que fueron “engañados por las empresas requeridas durante años”, con perjuicios que van más allá de lo patrimonial y alcanzan su calidad de vida.

El grupo está compuesto en su mayoría por tripulantes de la pesca artesanal de Porvenir y alrededores, además de varios armadores, entre ellos una mujer. Los mandatos judiciales que respaldan la representación fueron otorgados entre diciembre de 2025 y abril de 2026 ante notarios de Punta Arenas, Calbuco, Castro, Tierra del Fuego y Ancud, lo que da cuenta de la dispersión geográfica de los afectados a lo largo de la macrozona austral.

La presentación llega luego de meses en que la organización de los pescadores avanzó de manera fragmentada. En abril, mientras la FNE exhibía ante el TDLC el expediente completo de su investigación -incluyendo 170 llamadas telefónicas interceptadas a tres ejecutivos y 55 documentos incautados en allanamientos- , el dirigente de la caleta Barranco Amarillo, Jaime Cosme, había adelantado que cerca de 200 personas se estaban organizando para una demanda colectiva, reconociendo que el miedo a represalias comerciales frenaba la participación de buena parte del sector. En mayo, representantes de la pesca artesanal llevaron la denuncia de “burda colusión” en los precios de centolla, erizo y luga directamente a la Delegación Presidencial Regional.

En esta causa se investiga a siete empresas que habrían concentrado entre el 81% y 88% de las compras de centolla magallánica entre 2017 y 2021, coordinando precios durante al menos nueve temporadas consecutivas. La FNE estima que al menos 2.000 familias fueron afectadas anualmente, y las multas solicitadas superan las 62.000 UTA(53 mil millones de pesos).