Denuncia ante Contraloría abre controversia por rol de secretaria general en elección de rectoría de la Umag

A pocos días de las elecciones que definirán la Rectoría de la Universidad de Magallanes para el periodo 2026-2030, una denuncia presentada ante la Contraloría Regional de Magallanes abrió una controversia sobre la transparencia del proceso electoral y del cumplimiento de los principios de probidad, neutralidad institucional y prescindencia que deben regir la actuación de las autoridades universitarias.

La presentación fue ingresada el 10 de junio por la académica titular María Soledad Astorga y está dirigida a la Contraloría Regional. En ella se solicita investigar la participación de la secretaria general de la Universidad de Magallanes en actividades asociadas a la candidatura a la reelección del actual rector, José Maripani, situación que, según la denunciante, resulta incompatible con las funciones institucionales que la autoridad desempeñaba dentro del proceso electoral.

El escrito sostiene que la secretaria general, responsable de funciones vinculadas a la supervisión de los procesos electorales internos, habría asumido una posición pública de apoyo a una de las candidaturas en competencia, afectando la percepción de imparcialidad que debe resguardar una autoridad llamada a garantizar la transparencia de la elección.

La denuncia tiene como antecedente principal una reunión realizada el lunes 8 de junio con académicos de la Facultad de Ciencias, convocada por el rector José Maripani en el marco de su campaña por la reelección.

Durante la cita el candidato expuso aspectos de su gestión y respondió consultas. La denuncia plantea que la secretaria general también participó en la actividad, interviniendo en las respuestas entregadas a los asistentes, abordando materias vinculadas a una eventual nueva administración universitaria y acompañando al candidato durante el desarrollo de la jornada.

Para la denunciante, la situación reviste especial gravedad debido a que la secretaria general había ejercido funciones como ministra de fe del Comité Electoral encargado de conducir el proceso de elección de rector. En ese contexto, sostiene que una autoridad llamada a resguardar la transparencia, la neutralidad institucional y la correcta aplicación de las normas electorales no puede asumir públicamente un rol de apoyo a una candidatura determinada.

Agrega que parte de estas actividades se habrían desarrollado durante la jornada laboral de la funcionaria, cuestión que, a juicio de la académica, también amerita ser revisada por los organismos competentes.

La respuesta del
Comite Electoral

El 11 de junio el Comité Electoral respondió que la secretaria general había formalizado su renuncia y apartamiento definitivo de todas sus funciones como secretaria y ministra de fe de dicho organismo con fecha 3 de junio de 2026. La respuesta señala que, al momento de ocurrir los hechos descritos en la denuncia, la autoridad ya no ejercía funciones de arbitraje, fe pública o coordinación dentro del proceso electoral universitario.

La respuesta, sin embargo, dio origen a una nueva presentación ingresada el 15 de junio, en la que se cuestiona precisamente la legalidad de la renuncia invocada por el Comité Electoral. En este segundo escrito se sostiene que la explicación entregada no resuelve las observaciones formuladas inicialmente y que, por el contrario, abre nuevas interrogantes respecto del cumplimiento de las normas que regulan las funciones de la secretaría general.