Desalojo de toma Las Etnias partiría en dos semanas

• El seremi de Vivienda confirmó que solicitará la autorización a la Delegación Presidencial para ejecutar la medida. El gobierno descartó entregar soluciones habitacionales a quienes ocupan ilegalmente los terrenos del Serviu y aún mantiene sin respuesta el costo total y el destino de las familias.

En dos semanas más comenzaría el desalojo de las familias que viven en los terrenos de propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), emplazados en el corazón de la toma Las Etnias. Así lo confirmó el seremi de Vivienda, Rodolfo Guajardo, durante una visita a un proyecto habitacional.

Guajardo indicó que en los próximos días solicitará la autorización a la Delegación Presidencial Regional para concretar el desalojo con fuerza pública.

Esta toma es sindicada como una de las responsables del vertimiento de aguas servidas en el sector de calle Juan Ruiz Mancilla, colindante a la Villa Cardenal Raúl Silva Henríquez, crisis sanitaria que desencadenó el cierre del Centro Comunitario de Salud Familiar Sandra Vargas en 2024 y, en marzo, del jardín infantil Juan Ruiz Mancilla, obligando al traslado de más de 40 niños a otros establecimientos. Los habitantes de estos asentamientos argumentan que las aguas fecales también pueden provenir de sectores periurbanos, ya que ellos cuentan con fosas sépticas.

A comienzos de abril, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que estas tomas serían desalojadas. “Es inaceptable e insostenible”, señaló en conversación con La Prensa Austral la autoridad ministerial, quien durante la primera semana de mayo visitó la región y se comprometió a que esto se concretaría durante este año.

“Nosotros tampoco vamos a llegar con soluciones habitacionales para las personas que están en una situación de una toma ilegal”, confirmó Guajardo al ser consultado sobre cuál será el destino de los habitantes de este asentamiento, quienes en reiteradas ocasiones han solicitado conformar una agrupación y acceder a un subsidio habitacional.

Durante el gobierno anterior fue declarado como asentamiento precario, condición que desencadena una serie de consecuencias legales y programáticas: protección temporal contra desalojos por flagrancia mientras el asentamiento esté en intervención del Serviu; acceso al programa Construyendo Barrios, que permite una urbanización progresiva -agua, alcantarillado, electricidad y pavimentación- ; y el inicio del proceso de saneamiento de títulos para que los ocupantes puedan obtener dominio legal sobre sus lotes.

Para desalojar el terreno, el Estado debe ofrecer alternativas de relocalización o soluciones habitacionales a las familias que habitan el sector.

“No vamos a hacer, que no se malentienda lo que voy a decir, un circo de esto. Nosotros tenemos que respetar la dignidad de las personas y eso lo estamos trabajando con los equipos de manera interna”, añadió Guajardo.

Interrogantes

Varias interrogantes quedaron sin respuesta luego de que Guajardo fuera consultado sobre el desalojo de este asentamiento, una de las principales prioridades definidas por el ministerio a nivel nacional.

Por ejemplo, no aclaró qué sucederá con las personas que habitan en los terrenos de propiedad del exintendente Mario Maturana y de la Constructora Salfa. Estos últimos presentaron una solicitud de desalojo ante los tribunales.

Otro punto que no precisó fue cuánto se invertirá en desalojar, demoler, trasladar a las familias y sanear los terrenos.

A nivel local, el gobierno maneja una cifra cercana a los $1.000 millones. Con estos recursos se costearía el desalojo, el pago de un subsidio de arriendo para las familias erradicadas, el cierre perimetral del terreno, la contratación de asistentes sociales que acompañen el proceso y el inicio del saneamiento del sector.

El monto fue descartado públicamente por el seremi de Vivienda. Sin embargo, profesionales de la cartera confirmaron que efectivamente existe una solicitud de recursos para ejecutar estas obras y que todo forma parte de un plan del que están en conocimiento la Delegación Presidencial Regional, la Municipalidad de Punta Arenas y otras seremías.

Según el mapa del Servicio de Impuestos Internos (SII), donde se pueden consultar los avalúos fiscales y roles prediales, el asentamiento se extiende sobre cuatro predios distintos, de los cuales tres pertenecen al Estado. Uno de ellos fue desalojado el año pasado y es propiedad del Gobierno Regional. Se trata de un terreno de 3 mil metros emplazado a un costado del centro comunitario de salud, y que la administración Flies no ha podido ejecutar debido al problema sanitario existente en el lugar.

El resto de los predios se distribuye en un terreno de 10.545 metros cuadrados, propiedad del exintendente Mario Maturana. En ese paño se emplaza la toma conocida como Lautaro, mientras que la toma Las Etnias se encuentra mayoritariamente sobre terrenos pertenecientes a la empresa Salfa y al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu). Salfa hace un par de meses presentó una denuncia por ocupación irregular.

El origen del asentamiento se remonta a abril de 2016. En ese momento, un grupo de aproximadamente diez familias, organizadas a través de redes sociales, decidió ocupar un terreno baldío ubicado en la prolongación de calle Enrique Abello. Con el paso de los días, el asentamiento creció hasta alcanzar cerca de 90 familias.

Construcción de viviendas en Magallanes
quedará sujeta a la disponibilidad presupuestaria

El número de viviendas que construirá el gobierno de José Antonio Kast en Magallanes dependerá de la disponibilidad presupuestaria. Así lo confirmó la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, durante una visita a las faenas de construcción del proyecto habitacional Lomas del Bosque 7.

Del factor presupuestario también dependerá la revalidación del convenio de programación entre el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Regional.

Por su parte, el seremi de Vivienda, Rodolfo Guajardo, volvió a insistir en su idea de construir pequeños condominios y anunció que en las próximas semanas comenzarán las obras de una de estas tipologías en un sitio eriazo en la villa Split, donde se construirán ocho soluciones habitacionales.

Añadió que todo esto se enmarca en el anunciado plan Sitio Eriazo Cero, presentado durante la cuenta pública. Dentro de esta iniciativa se tiene considerado urbanizar 22 sitios eriazos “para todas las personas que están con la necesidad inmediata”.

Al ser consultado sobre si existen otras iniciativas proyectadas en la región, explicó que en Natales el conjunto habitacional Glaciar Pingo presenta un 30% de avance; que se están solucionando una serie de aspectos legales para comenzar un proyecto de viviendas en San Gregorio; y que en Puerto Williams se debe generar una zona de extensión de servicios públicos para volver a construir en dicha comuna.

Cabe recordar que el gobierno anterior cerró su gestión con más de 4.500 viviendas entregadas.