Consejo Regional constituye comisión especial para evaluar impacto de la Zona Franca a un año de cumplir medio siglo y a tres del fin de su concesión

A meses de que la Zona Franca de Punta Arenas cumpla medio siglo de funcionamiento y a solo tres años de que expire el actual contrato de concesión -en 2030, cuando deberá convocarse a una nueva licitación-, el Consejo Regional constituyó una comisión especial para evaluar si esta herramienta está cumpliendo los objetivos con los que fue creada.

Entre los problemas detectados por su presidente, el consejero regional del Partido Republicano, Robert Weissohn, figuran la falta de auditorías pese a las irregularidades informadas hace más de una década, una distorsión tributaria que perjudicaría a la producción regional frente a la importada, y dudas sobre la legalidad de la delegación de facultades de fiscalización en manos del gobernador regional.

Weissohn, quien resultó electo por unanimidad -con apoyo transversal desde el Frente Amplio hasta la derecha-, explicó que la comisión adoptará una metodología de trabajo que avanzará de lo general a lo particular: primero se analizará si la ley que creó la Zona Franca, dictada en 1975, está cumpliendo los cuatro objetivos originales planteados por el legislador; luego se revisará la institucionalidad y administración del instrumento, y finalmente se abordarán aspectos operativos específicos.

“Estamos tratando de establecer una metodología de estudio (…) Dependiendo de cómo va a ser la arquitectura, de cómo vamos a abordar el problema, son las personas que vamos a invitar y la información que vamos a necesitar”, señaló el consejero, quien adelantó que por ahora no se convocará a actores externos mientras se define el plan de trabajo.

La comisión, que sostuvo su primera sesión, está integrada además por los consejeros regionales Rodolfo Arecheta, Max Salas, José Luis Paredes, Ximena Montaña, Rodolfo Cárdenas, Andrés López y Patricio Gamín. Según Weissohn, las conclusiones y recomendaciones que emita la instancia no serán vinculantes, pero sí tendrán carácter público y serán presentadas en sesión plenaria del Core.

El consejero recordó que en 2013 ya había existido una comisión especial similar, que en tres meses de trabajo determinó la existencia de perjuicio fiscal y recomendó realizar auditorías anuales, sugerencia que, según Weissohn, nunca se implementó. A ello se suma que el contrato de concesión exige un informe trimestral de una Comisión de Seguimiento que, de acuerdo con el consejero, tampoco se ha elaborado con regularidad.

Weissohn cuestionó también el actual esquema de fiscalización, luego de que el Gobierno Regional asumiera en 2023 la administración de la Zona Franca en el marco del traspaso de competencias, delegación que, a su juicio, podría contravenir la normativa de administración del Estado, ya que la facultad debería recaer en una autoridad dependiente del gobierno central -como la Delegación Presidencial- y no en el gobernador regional, cargo de elección popular.

Asimismo, planteó que la actual Comisión de Seguimiento -integrada hoy por funcionarios que dependen directamente del gobernador- perdió la composición original de 2008, que incluía a representantes de Aduanas, Hacienda e Impuestos Internos.

Entre los temas que la comisión buscará resolver está evaluar si el beneficio tributario que rige dentro de la Zona Franca continúa siendo una ventaja competitiva o si, por el contrario, se ha transformado en un obstáculo para sectores productivos regionales, como la industria ganadera, que debe vender su producción con Iva mientras la mercadería importada se comercializa sin ese impuesto.

La instancia también solicitará a la Cámara Franca antecedentes sobre sus costos de operación internos, en el marco de un diagnóstico que busca sustentar cualquier definición de cara a la licitación que deberá convocarse antes de 2030.