Abigeato y crimen organizado

Durante años el abigeato ha sido considerado un delito propio del mundo rural, asociado a pérdidas económicas que afectan principalmente a pequeños y medianos productores ganaderos. Sin embargo, esa mirada resulta hoy insuficiente. La reiteración de los hechos, la coordinación que muchas veces evidencian sus autores y la existencia de circuitos de comercialización clandestinos obligan a entender que no se trata únicamente del robo de animales, sino de una actividad ilícita que puede responder a estructuras mucho más complejas.

En ese contexto, resulta acertado que las autoridades regionales planteen la necesidad de abordar el abigeato desde la lógica del crimen organizado. Ello supone superar la respuesta reactiva y avanzar hacia un trabajo de inteligencia, coordinación interinstitucional y uso de tecnologías que permitan identificar patrones, desarticular redes y seguir la trazabilidad de la carne que llega al mercado.

No obstante, ninguna estrategia tendrá éxito si continúa existiendo un alto nivel de subdenuncia. Cuando los afectados dejan de informar los delitos porque consideran que las investigaciones no prosperan, el problema deja de ser únicamente policial. También se debilita la capacidad del Estado para conocer la verdadera magnitud del fenómeno, concentrar recursos en las zonas más vulnerables y anticipar nuevas acciones delictivas. Sin información suficiente, cualquier política pública pierde efectividad.

Recuperar la confianza de los productores constituye, por tanto, una tarea tan importante como aumentar las fiscalizaciones. La denuncia no sólo busca sancionar a un responsable; también alimenta los sistemas de análisis que permiten construir mapas del delito, orientar patrullajes y fortalecer la prevención. Es una herramienta indispensable para que la inteligencia policial cumpla su propósito.

Magallanes posee una extensa geografía rural donde la ganadería constituye una actividad económica y cultural de enorme relevancia. Proteger ese patrimonio exige respuestas acordes con la realidad actual. La incorporación de cámaras, mejores controles de trazabilidad y mecanismos de denuncia anónima son pasos positivos, pero deberán ir acompañados de resultados concretos que demuestren a las comunidades rurales que denunciar vale la pena.

Combatir el abigeato no significa únicamente proteger el patrimonio de quienes viven del campo. También implica resguardar una actividad productiva estratégica para la región, fortalecer el Estado de Derecho en zonas alejadas y enviar una señal clara de que ningún territorio puede transformarse en espacio propicio para la delincuencia organizada.