Punta Arenas recibiría $315 millones y Natales $185 millones si prospera la fórmula de compensación que impulsan los alcaldes opositores
- Un grupo de 16 alcaldes de oposición entregó una carta al Presidente Kast solicitando que los $190 mil millones comprometidos para compensar la exención de contribuciones se transfieran íntegramente al Fondo Común Municipal
Las diez comunas de la Región de Magallanes podrían recibir en conjunto cerca de $1.088 millones en recursos adicionales si el gobierno acoge la propuesta de un grupo de alcaldes de oposición para compensar a los municipios por la exención de contribuciones a adultos mayores de 65 años.
Así lo muestra una simulación del Observatorio de Políticas Económicas (Opes), que calculó los montos que recibiría cada comuna del país si los $80.000 millones que hoy están en disputa se distribuyen a través del Fondo Común Municipal (FCM), en lugar de la fórmula que actualmente impulsa el Ejecutivo. Según ese ejercicio, Punta Arenas sería la comuna más beneficiada de la región, con $315 millones adicionales, seguida por Natales ($185 millones) y Porvenir ($77 millones).
“Nuestra comuna no tendría una afectación de esto”, afirmó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, agregando su respaldo a que la rebaja de contribuciones se focalice en adultos mayores con una sola vivienda y pensiones bajas, de forma que “la ciudad no pierda dinero” y a la vez existan rebajas en los casos sociales que lo ameriten.
La alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, en tanto, precisó que el proyecto que exime del pago de contribuciones a la primera vivienda de personas mayores de 65 años aún está en discusión en el Congreso y todavía no es ley. A su juicio, el riesgo real para su comuna no está en la pérdida directa de ingresos por contribuciones -que en 2025 representaron apenas el 2,36% del presupuesto municipal de Río Verde, unos $94,5 millones-, sino en un efecto indirecto sobre el Fondo Común Municipal: si las comunas grandes de la Región Metropolitana, principales aportantes al fondo a través del impuesto territorial, recaudan menos por la exención, automáticamente se reducen los recursos que se redistribuyen hacia las comunas rurales que, como Río Verde, dependen de esas transferencias.
Compensación
Para poder compensar la merma que provocará esta exención en el pago de las contribuciones, el gobierno propuso compensar a los municipios por dos vias. Una por $110.000 millones, en donde el fisco repone, sin condiciones, la totalidad de los menores recursos que recibirá el Fondo Común Municipal a raíz de la exención y otra por $80.000 millones, en que el fisco compensa los menores ingresos propios que dejará de percibir cada municipio, es decir, la fracción de las contribuciones que se queda en la comuna donde está ubicado el inmueble. Este componente es condicional a que los municipios cumplan metas de reducción de plazos para otorgar permisos.
Un grupo de 16 alcaldes de oposición, entre ellos Tomás Vodanovic (Maipú), Karina Delfino (Quinta Normal) y Claudio Castro (Renca), entregó una carta al Presidente José Antonio Kast solicitando que los $190 mil millones comprometidos para compensar la exención de contribuciones se transfieran íntegramente al Fondo Común Municipal y se distribuyan según los criterios de pobreza, vulnerabilidad e ingresos propios que actualmente utiliza ese mecanismo.
La controversia surgió luego de que el Ejecutivo incorporara el financiamiento municipal a la megarreforma tributaria que crea la exención de contribuciones para adultos mayores. Los alcaldes cuestionan que la compensación se financie con impuestos generales, argumentando que ello implica que comunas de menores ingresos terminen subsidiando un beneficio que favorece principalmente a las de mayor patrimonio.
La tensión se agudizó cuando los jefes comunales calificaron la propuesta como “profundamente injusta” y advirtieron que podrían congelar su participación en la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM). En respuesta, el ministro Jorge Quiroz afirmó: “Si no quieren, no se compensa”. La discusión continuará el 4 de agosto en el Senado, luego de que el gobierno no lograra reunir los votos necesarios para aprobar la fórmula de compensación.




