“Recuperar el crecimiento, el orden y la capacidad de ejecución del Estado no es una opción, es una obligación”

Seguridad pública, listas de espera, alto costo de vida, conectividad, vivienda, empleo formal e inversión detenida fueron los principales desafíos que la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, comprometió abordar durante su gestión como máxima autoridad del gobierno de José Antonio Kast en Magallanes.

La autoridad política rindió este miércoles su Cuenta Pública en el Centro Cultural de Punta Arenas, donde, en un discurso de más de 80 páginas, proyectó que de aquí a 2030 espera consolidar una región “más segura, conectada, integrada, ordenada y preparada para transformar sus ventajas estratégicas en desarrollo efectivo”.

Farías insistió en que la Delegación Presidencial Regional mantendrá una política de puertas abiertas para dialogar y buscar el bienestar de Magallanes. Asimismo, sostuvo que su sello será la presencia en terreno, la coordinación y el trabajo serio.

“Reafirmo hoy un compromiso simple: que vivir lejos no signifique vivir con menos. Magallanes tiene todo para consolidarse como un polo estratégico de desarrollo para Chile”, enfatizó Farías en un discurso que se extendió por más de una hora y en el que repasó los principales logros alcanzados por las distintas secretarías regionales ministeriales durante el último año.

Además, dio a conocer las prioridades que cada una de estas reparticiones tendrá durante lo que resta de este año y el próximo.

Farías volvió a insistir en que la administración de José Antonio Kast es un gobierno de emergencia, debido a que “los problemas que enfrentamos no admiten más espera, y porque recuperar el crecimiento, el orden y la capacidad de ejecución del Estado no es una opción, es una obligación”.

“Y en esa tarea, Magallanes no es un territorio más: es una de las regiones donde destrabar la inversión y asegurar la presencia efectiva del Estado puede marcar la mayor diferencia”, aseguró la delegada presidencial regional.

Desafíos

Entre los principales desafíos planteados por la autoridad del gobierno de José Antonio Kast en Magallanes figuran el progresivo envejecimiento de la población, la baja natalidad y las dificultades para atraer y retener capital humano en áreas técnicas y profesionales. A ello se suman la distancia, el clima, la fragmentación territorial y la ausencia de una conexión terrestre directa con el resto del país, factores que inciden en el costo de vida, el acceso a servicios básicos y la capacidad de respuesta del Estado frente a emergencias.

“La región ha enfrentado desafíos que inciden en la calidad de vida de su población”, insistió Farías, quien agregó que existe una creciente preocupación por la seguridad pública, las brechas en salud, el alto costo de vida, el cierre de faenas productivas y las dificultades en materia de vivienda.

En materia de seguridad, la delegada presidencial regional reconoció que, si bien las cifras de Magallanes son “comparativamente más favorables que las de otras zonas del país”, el aumento de ciertos delitos y la percepción de inseguridad obligan a mantener una respuesta coordinada entre las instituciones encargadas de la prevención y persecución del delito.

“Existe una preocupación ciudadana creciente por el aumento de la victimización y por la aparición de modalidades delictivas que antes tenían menor incidencia y revisten mayor violencia”, añadió Farías, quien también advirtió sobre los riesgos asociados al narcotráfico, el crimen organizado, la migración irregular y el control fronterizo.

Otro de los desafíos que comprometió abordar es la reducción de los tiempos de espera en salud y el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de la región. Según el estudio de retrasos de listas de espera médica GES correspondiente al segundo trimestre de 2025, Magallanes registra 1.090 casos de retraso por cada 100 mil habitantes, la cifra más alta a nivel nacional.

“Detrás de esa cifra hay pacientes que deben trasladarse fuera de la región para acceder a un diagnóstico o a un tratamiento, con costos económicos, familiares y emocionales que ninguna estadística alcanza a reflejar”, expresó la delegada presidencial regional.

Inversión detenida

En el diagnóstico entregado por Ericka Farías, uno de los puntos más críticos fue el referido a las inversiones detenidas en la región. En ese contexto, repasó la situación que, a su juicio, enfrenta la industria salmonera, recordó la caída de la inversión de Mina Invierno, en Isla Riesco, y advirtió sobre el impacto que la judicialización de los proyectos tiene en la calidad de vida de las personas.

En materia de salmonicultura, señaló que durante 2025 la industria produjo 148.746 toneladas y exportó 73.164 toneladas, generando ingresos por US$486 millones. “Ese resultado se logra con sólo 50 centros activos, una fracción de las 129 concesiones otorgadas en la región”, recordó, precisando que “la región produce todo eso con una parte de su capacidad, mientras el resto permanece entrampado en trámites”.

Farías detalló que actualmente existen 90 solicitudes de concesión en distintas etapas de tramitación, de las cuales 24 ya cuentan con calificación ambiental favorable. “Sin embargo, permanecen paralizadas por procesos administrativos pendientes, como la aprobación del Plan de Manejo de la Reserva Nacional Kawésqar y la tramitación de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que desde la creación del mecanismo de relocalización de concesiones, en 2010, se han presentado más de mil solicitudes y sólo dos han concluido exitosamente. “Hay concesiones marítimas que demoran cuatro años en tramitarse, cuando la ley establece menos de uno. Seamos claros: eso no es protección ambiental. Es un entramado de trámites y demoras que le cuesta empleo y oportunidades a las familias de esta región”, declaró.

La delegada presidencial regional también aludió a la judicialización de Mina Invierno, recordando que el litigio se extendió por más de una década. “Más allá del debate legítimo sobre el futuro de cada industria, la lección es una sola: cuando el Estado no entrega certezas ni plazos razonables, quien paga el costo es el trabajador y su familia”, concluyó.