Gestión pública en Puerto Natales

La reciente formalización de la exalcaldesa de Puerto Natales, Antonieta Oyarzo Alvarado, representa un episodio complejo para la fe pública y la administración de los recursos municipales en la zona.

La imputación de 57 delitos de apropiación indebida de cotizaciones previsionales y de salud no es una cifra menor, especialmente cuando el perjuicio patrimonial recae directamente sobre el bienestar de los trabajadores.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido entre agosto de 2022 y diciembre de 2023, periodo en el cual la Corporación de Educación, Salud y Menores, presidida por la entonces alcaldesa, habría efectuado descuentos en las remuneraciones sin enterarlos en las instituciones correspondientes.

El impacto de estas acciones afecta a 33 personas dependientes del Programa de Integración Escolar, quienes han visto cómo millones de pesos en fondos de pensiones y salud se desvanecieron de sus cuentas individuales. Este escenario plantea una interrogante fundamental sobre la responsabilidad de mando y la vigilancia de los procesos administrativos dentro de las corporaciones municipales.

Si bien la defensa de Oyarzo, liderada por Mauricio Daza, ha logrado evitar las medidas cautelares de arraigo nacional, el fondo del asunto -la desaparición de dinero destinado a la seguridad social de los empleados- sigue siendo un hecho a esclarecer.

Llama la atención la crítica velada que la jueza Marianela Chacur dirigió al Ministerio Público durante la audiencia. Al señalar que no puede fundamentar una resolución “sólo en dichos” y cuestionar la falta de antecedentes presentados sobre la participación directa de la imputada, la magistrada pone el foco en una posible debilidad de la fiscalía en esta etapa inicial.

No obstante, el hecho de que se estableciera un plazo de 45 días para el cierre de la investigación indica que el proceso judicial está lejos de haber concluido y que la recolección de pruebas será determinante para establecer responsabilidades penales.

Este caso no sólo trata de cifras y procedimientos legales. Trata de la ética en el servicio público y el deber ineludible de proteger los derechos de quienes sostienen el sistema educativo y de salud de la comuna.

Los trabajadores afectados y también la comunidad de Puerto Natales merecen claridad absoluta sobre el destino de esos fondos.