Desarrollo, conocimiento y acuerdos

Chile enfrenta una paradoja que se ha vuelto cada vez más evidente. Mientras existe consenso respecto de la necesidad de retomar el crecimiento económico y recuperar la capacidad de proyectar el desarrollo, las herramientas para construir ese futuro común parecen cada vez más debilitadas. La fragmentación política, la polarización del debate público y la tendencia a convertir toda discusión en una disputa identitaria han terminado por erosionar la posibilidad de alcanzar acuerdos duraderos.

Crecer es indispensable. Ningún país puede aspirar a mayores niveles de bienestar sin una economía dinámica, capaz de generar empleo, innovación y oportunidades. Sin embargo, el crecimiento por sí solo no basta. También es necesario resguardar la eficiencia del Estado, evitar el derroche de recursos públicos y construir instituciones que respondan a necesidades reales y no a impulsos circunstanciales de los gobiernos de turno.

La creación de organismos públicos no puede transformarse en una respuesta automática frente a cada desafío. Un Estado moderno requiere capacidades sólidas, pero también disciplina institucional. Crear ministerios o estructuras permanentes por simple mayoría legislativa puede terminar generando burocracias redundantes, mayores costos y menor eficiencia. Las instituciones deben ser pocas, robustas y capaces de trascender los ciclos políticos.

En este contexto, una de las mayores fortalezas de Chile ha sido históricamente su capacidad para construir políticas de largo plazo. Lo destacaba Martín Olmos, exsubsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad de Argentina, al señalar que no es común en la región observar a autoridades actuales dialogando con quienes ocuparon previamente sus cargos, incluso cuando pertenecen a sectores políticos distintos. Esa capacidad de conversar, intercambiar experiencias y construir continuidad constituye un activo estratégico que no debiéramos perder.

Los desafíos del siglo XXI exigen precisamente esa mirada. La inteligencia artificial, la transición energética, la transformación digital o el cambio climático no responden a calendarios electorales. Requieren políticas sostenidas durante décadas. Ningún gobierno, por exitoso que sea, puede resolver por sí solo problemas cuya complejidad supera ampliamente un periodo presidencial.

Sin embargo, pareciera que hoy la política se mueve en sentido contrario. Como advierte Ignacio Imás, se ha transformado en un juego de suma cero donde el incentivo principal consiste en evidenciar el error del adversario antes que buscar coincidencias. La consecuencia es un debate público cada vez más empobrecido, donde la consigna reemplaza a la reflexión y la descalificación sustituye al diálogo.

Pablo Ortúzar ha planteado una pregunta que merece atención: ¿qué tan difícil podría ser ordenar este debate para generar una tregua de élites respecto de nuestra estrategia de desarrollo? La interrogante es pertinente porque, más allá de las legítimas diferencias ideológicas, Chile necesita consensos mínimos sobre el país que quiere construir en las próximas décadas.

Quizás uno de los mayores obstáculos para avanzar sea la actitud que resume una frase cada vez más frecuente en nuestras discusiones: “dime de qué se trata para oponerme”. Mientras la lógica de la confrontación siga predominando sobre la búsqueda de soluciones, será difícil construir una visión compartida de futuro.

Chile necesita crecer, sí. Pero también necesita instituciones eficientes, acuerdos de largo plazo, respeto por la diferencia y decisiones basadas en evidencia. El desarrollo no depende únicamente de los recursos disponibles, sino de la capacidad de una sociedad para ponerse de acuerdo sobre el camino que desea recorrer. Y ese desafío, más que económico, es profundamente político y cultural.