Burocracia central

A casi dos años de que el Consejo Regional (Core) aprobara la inyección de $10.500 millones para Corfo, no se ha transferido ni un solo peso.

Así, mientras el discurso oficial promueve la reactivación económica y el fortalecimiento de las regiones, la máquina burocrática del Estado mantiene congelados estos recursos.

Dicha inversión estaba concebida para un programa trienal, cuyo derrotero es el retrato vivo de la ineficiencia de las instituciones. La tardanza inicial en la visación por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres) durante 2024 forzó a someter nuevamente los fondos a votación en 2025 ante un Core renovado por las elecciones. Tras un rechazo inicial y su posterior reaprobación, el proyecto volvió a quedar empantanado en una interminable maraña de objeciones y revisiones de la Contraloría General de la República.

Suelen verse estos roces entre ministerios, gobernaciones y la Contraloría como lejanas batallas leguleyas que solo interesan a la clase política. Sin embargo, en una región como Magallanes, la parálisis de los recursos públicos tiene una traslación directa a la economía regional. El plan de Corfo estaba diseñado para atender a un universo de 1.485 empresas y emprendedores locales que tributan en primera categoría. Cada uno de estos proyectos representaba una fuente de empleo directo o una cadena de subcontratación en las cuatro provincias de la región.

Frente al bloqueo, la respuesta del gobernador Flies ha sido apelar al pragmatismo: negociar con las autoridades nacionales de Corfo para fragmentar el presupuesto y avanzar con “programas chiquititos, por separado”, como Transforma Antártico e iniciativas ligadas al sector alimentario.

Si bien esta salida táctica demuestra capacidad de reacción para no dejar morir del todo la inversión pública, no deja de ser una medida paliativa que evidencia una seria falla de fondo.

Avanzar por goteo restringe el impacto de escala que requería la alicaída economía regional. Una reactivación sólida no se logra con parches, sino con políticas integrales que den certidumbre financiera a mediano plazo.

La Contraloría y la Dipres deben comprender que el rigor en el control presupuestario no puede traducirse en la parálisis del desarrollo. Cada mes que estos $10.500 millones permanecen atrapados en un trámite en Santiago, es un mes de asfixia para el sector productivo regional.