Contraloría ordena a Conadi acelerar informe sobre espacio costero kawésqar tras presentación de industria salmonera

La Contraloría General de la República pidió a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) adoptar medidas para emitir “a la mayor brevedad” el informe de uso consuetudinario del Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) “Kawésqar Última Esperanza”, un trámite pendiente que mantiene paralizadas otras solicitudes sobre el mismo borde costero. El pronunciamiento responde a un reclamo presentado por la industria salmonera regional.

El dictamen del 24 de julio, se originó en una presentación de Carlos Odebret Beyer, en representación de la Asociación Gremial de Productores de Salmón y Trucha de Magallanes (Asociación de Salmonicultores de Magallanes). El gremio reclamó que la Conadi no ha emitido el informe sobre uso consuetudinario contemplado en la Ley N° 20.249 -la llamada Ley Lafkenche- pese a haber transcurrido en exceso el plazo previsto para ello.

La razón por la que ese informe es determinante está en el artículo 10 de esa ley. Mientras el trámite de un ECMPO no concluya, queda suspendida la tramitación de cualquier otra solicitud que busque afectar el mismo sector para otros fines. En la práctica, la demora del Estado en pronunciarse sobre el uso ancestral kawésqar del borde costero de Última Esperanza congela también las solicitudes de la industria acuícola sobre esas mismas aguas. De ahí el interés del gremio en que el proceso se destrabe.

Requerida por la Contraloría, la Conadi explicó que los retrasos obedecen a la complejidad de la materia, a un diseño normativo que nació sin financiamiento inicial, al incremento sostenido de solicitudes, a la difícil geografía del territorio sur-austral y a la limitada disponibilidad de su equipo técnico especializado. Es decir, atribuyó la demora a factores estructurales que afectan por igual a la tramitación de estos expedientes, y no a una decisión referida a esta solicitud en particular.

El órgano contralor recogió esa explicación. Tras revisar los antecedentes, concluyó que la demora no responde a “arbitrariedades o falta de diligencia del servicio”, sino a las complejidades propias de cada solicitud y a los múltiples factores informados por el organismo. Recordó, además, que los plazos que la ley fija a la administración no son, por regla general, fatales: su vencimiento no invalida que el trámite se realice después.

Sobre esa base, la instrucción de la Contraloría fue acotada. Sin declarar incumplimiento, recordó que los organismos públicos deben observar los principios de eficiencia, celeridad y conclusión del procedimiento, y que, considerando el tiempo transcurrido, la Conadi debe adoptar las medidas que correspondan para emitir el informe a la brevedad. El propio dictamen precisó que la suspensión de las demás solicitudes es solo transitoria y puede reiniciarse cuando corresponda.

El fallo también dejó constancia de que en el Congreso se tramita un proyecto de ley que modifica la Ley Lafkenche para reducir los plazos de otorgamiento y “armonizar y compatibilizar” los usos consuetudinarios del borde costero con las demás actividades que se desarrollan en esas áreas, una fórmula que apunta al corazón del conflicto entre uso indígena y actividad productiva.

Lentitud por falta
de financiamiento

Desde la Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, solicitante del ECMPO “Última Esperanza”, indican que la demora no es propia de solo de este expediente. “En realidad no es este ECMPO en particular el que vaya lento, sino todos, básicamente por falta de financiamiento del Estado, y también de la disposición de funcionarios para que haya dedicación”, señalaron. Para la comunidad, acelerar una solicitud por sobre las demás “equivale a saltarse la fila de alguna forma, por presión de la industria”.

En esa misma línea, la comunidad planteó el trasfondo del conflicto en términos de derechos: “Hay que pensar por qué la industria se va en contra de los derechos de las comunidades kawésqar. Nosotros no le hemos quitado el trabajo a nadie; ahí están, nueve años, y han crecido; nosotros, en cambio, seguimos ahí mismo”.

El caso se inscribe en una disputa de fondo que cruza a Magallanes: la expansión de la salmonicultura sobre territorio marino que las comunidades kawésqar reivindican como de uso ancestral. Los ECMPO son el instrumento legal que permite a los pueblos originarios solicitar el reconocimiento de ese uso, y su tramitación se ha convertido en un punto de fricción permanente con la industria acuícola, que ve en esas figuras un obstáculo para acceder a nuevas concesiones.

La lentitud que el gremio reprocha, sin embargo, no es exclusiva de este expediente: alcanza al conjunto de solicitudes que la Conadi tramita a lo largo del país, condicionadas por las mismas restricciones de financiamiento y personal que el propio servicio reconoció ante la Contraloría.

Con las versiones de la Conadi y de la comunidad solicitante ya incorporadas, resta conocer la posición de la Subsecretaría de Pesca y demás órganos que intervienen en el procedimiento, antecedentes que este medio buscará sumar en el seguimiento.