Factibilidad del cable antártico

La finalización del estudio de factibilidad del Proyecto Cable Antártico marca un hito de proporciones históricas para Chile y, muy especialmente, para la Región de Magallanes. Hoy contamos con una ruta técnica definida para conectar Punta Arenas y Puerto Williams con nueve bases científicas en el continente blanco. Sin embargo, frente al entusiasmo inicial de las autoridades que califican la iniciativa como un paso “factible” que Chile debe liderar, la lectura del informe completo impone una dosis indispensable de realismo. Ello, porque el proyecto es viable en el papel, pero su ejecución real en la práctica está sujeta a condiciones sumamente complejas que el país debe sopesar con madurez técnica y política.

Desde una perspectiva geopolítica, los beneficios de esta megainfraestructura de 621 millones de dólares son innegables. No sólo se trata de consolidar la presencia de Chile en el territorio polar, como han defendido con justa razón liderazgos locales como el gobernador regional Jorge Flies y algunos parlamentarios, sino de transformar a Magallanes en el verdadero cerebro de la ciencia antártica global.

Es una inversión cuya evaluación social proyecta beneficios netos acumulados por 943 millones de dólares hacia 2058. Además, el informe es categórico al despejar las dudas planteadas desde sectores políticos como los del diputado Alejandro Riquelme sobre alternativas tecnológicas más baratas.

No obstante, el verdadero desafío de este cable no reside en su capacidad tecnológica, sino en sortear con éxito una matriz que clasifica más de sesenta riesgos. El informe es claro al advertir que los dos obstáculos peor evaluados -catalogados como catastróficos y probables- son la inmensa complejidad del aterrizaje físico del cable en la geografía antártica y la severidad del escrutinio ambiental. En una zona protegida por el régimen del Protocolo de Madrid y nuestro propio sistema de evaluación nacional, la autorización ambiental representa un laberinto normativo de doble vía que no admite atajos.

El trazado aún debe definir cómo rodear el Parque Marino Diego Ramírez-Paso Drake y cómo mitigar los impactos en áreas de gestión especial como la bahía Almirantazgo y la isla Anvers. A esto se suma la necesidad de coordinarse con comunidades indígenas costeras y evitar interferencias con caladeros de pesca artesanal.

No se puede obviar la delicada gobernanza que exige una obra de esta magnitud en un territorio regido por el Tratado Antártico. Para blindar el proyecto de las disputas globales y tensiones de soberanía, el cable debe estructurarse bajo un principio inquebrantable de “neutralidad por diseño” y una gobernanza estrictamente multilateral.

Con el documento ya en manos de la Cancillería, septiembre será un mes clave para recibir las observaciones del Gobierno Regional, el Inach y las Fuerzas Armadas, antes de que el Consejo de Política Antártica tome en noviembre la “decisión de Estado” definitiva.

Chile y Magallanes se encuentran ante un horizonte de planificación de ocho años. Es imperativo que el debate parlamentario y regional se eleve por encima del partidismo. Lo que está en juego no es solo el desembolso de 88 a 90 millones de dólares anuales, sino el papel de nuestra nación como custodio y facilitador del futuro científico del continente más enigmático de la Tierra.