El vacío legal frente a las jaurías en Tierra del Fuego

La reciente resolución de la Corte de Apelaciones frente al recurso de protección presentado por ganaderos de Tierra del Fuego deja al descubierto una alarmante paradoja institucional. Al rechazar la acción judicial bajo el argumento de que las municipalidades y los organismos recurridos carecen de facultades legales para aplicar la eutanasia como método de control, el tribunal expone las severas limitaciones de la legislación vigente. Sin embargo, detrás de este fallo técnico subyace una realidad innegable, cual es que los productores rurales se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad económica y operativa, y están en todo su derecho de exigir que el Estado asuma su rol protector.

Es legítimo y necesario que los estancieros articulen todas las medidas y presiones a su alcance para forzar una respuesta coordinada de las autoridades. Los ataques reiterados de jaurías de perros asilvestrados no son un simple contratiempo comercial. Representan una amenaza directa al patrimonio de familias y empresas de la Patagonia, como los predios de la sucesión de José Cuevas, Agrícola Teraike S.A., y los campos de la familia Yubero Canales, entre otros.

Forzar a organismos como el Sag, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Sbap) o las seremis de Salud a actuar de manera coordinada es el mínimo estándar de auxilio que un ciudadano espera de sus instituciones.

El problema del impacto negativo de los perros asilvestrados, en particular en Tierra del Fuego, se ha venido denunciando fuertemente en los últimos años, sin que hasta el momento haya un atisbo de solución. En la reciente versión de Asogama, expertos argentinos proporcionaron estadísticas que permiten dimensionar esta problemática y hasta qué punto puede poner en jaque la productividad de estos predios. Compartieron experiencias sobre el control de estos animales.

Por ello, lo más valioso del dictamen judicial es que, a pesar del rechazo formal del recurso, los ministros de la Corte admitieron explícitamente la gravedad de la situación. Al señalar que la crisis “requiere la generación de una política o programa público coordinado entre diversos entes con competencias delimitadas y específicas”, el tribunal valida plenamente el diagnóstico de los ganaderos.

Esta admisión constituye un hito político fundamental, pues ya no se puede seguir tratando el problema de los perros asilvestrados bajo el prisma de la tenencia responsable de mascotas de compañía establecida en la Ley N°21.0201. Se requiere de manera urgente un marco legislativo y ejecutivo de emergencia -como las reformas a la Ley de Caza actualmente en discusión parlamentaria- que dote al Estado de herramientas eficaces y sistemáticas para proteger tanto la actividad ganadera como la fauna nativa de las áreas rurales.