Estrecho de Magallanes y el fin de la ingenuidad diplomática

Las recientes e inquietantes declaraciones de un alto oficial en servicio activo de la Fuerza Aérea Argentina, quien postuló la importancia de que su país controle “Magallanes, el sur y el Paso Drake”, han vuelto a encender las alarmas en el extremo austral.

Lejos de constituir una simple declaración aislada o un exabrupto individual, estas palabras revelan un pensamiento geopolítico arraigado y sistemático dentro de las fuerzas armadas del vecino país. Se trata de un diseño que demuestra que las pretensiones sobre territorios y espacios marítimos chilenos no se extinguieron, ni mucho menos, con la firma del Tratado de Paz y Amistad (TPA) de 1984.

La realidad jurídica e histórica es categórica y no admite dobles lecturas. El Tratado de Límites de 1881 estableció de manera nítida que la integridad de este pasaje interoceánico es total y absolutamente chilena. Asimismo, el TPA de 1984 ratificó este principio al fijar con precisión el límite internacional en la Boca Oriental mediante una línea recta que une los hitos de Punta Dúngenes y el Cabo Espíritu Santo. En dicho acuerdo, Argentina se obligó a perpetuidad a respetar la libre y expedita navegación de buques de todas las banderas hacia y desde el estrecho, pero sin que ello le otorgue derecho alguno sobre sus aguas. Cualquier postulado de “administración conjunta” -idea que la Directiva de Política Defensa Nacional argentina ya venía deslizando en 2021- o la pretensión de imponer una supuesta “Boca Oriental argentina” pertenece al terreno de la fantasía geopolítica.

¿Qué explica esta insistencia en reactivar tesis que se suponían superadas? La respuesta combina intereses económicos estratégicos y una profunda asimetría de presencia en el territorio. En lo económico, el estrecho de Magallanes se ha consolidado como la ruta marítima más conveniente, eficiente y económica para los exportadores del Mercosur -particularmente brasileños y argentinos- que envían su producción hacia los mercados de China, superando con creces la alternativa del Canal de Panamá. En lo demográfico y soberano, la brecha es preocupante, pues mientras la población argentina al sur de Aysén cuadruplica a la chilena, la provincia de Tierra del Fuego en nuestro lado apenas supera las nueve mil personas, frente a una Ushuaia que alberga a más de 84 mil habitantes.

Este escenario nos deja una lección ineludible que Chile no puede seguir ignorando. Como bien advierte la crisis de otros pasos estratégicos globales, como el estrecho de Ormuz, el derecho internacional es fundamental, pero por sí solo no garantiza que los derechos soberanos puedan ejercerse de manera efectiva si se carece de la capacidad material para defenderlos. Un Estado puede tener la ley de su parte, pero si deja espacios vacíos, la eficacia de las reglas se erosiona ante la presencia activa del vecino.

Lamentablemente, la diplomacia chilena ha pecado de inercia y lentitud. Mientras Argentina avanza con celeridad en la proyección y ocupación de su extremo austral, el Estado chileno ha mostrado un avance exasperadamente lento en materias críticas como la delimitación de la plataforma continental magallánica y la designación de sus representantes en las instancias de conciliación del Tratado de 1984.

La soberanía no puede depender de una política exterior reactiva ni defenderse sólo cuando alguien en el vecino país emite alguna declaración que lesiona los derechos chilenos.

La Región de Magallanes y la Antártica Chilena y quienes la habitamos exigimos que la Cancillería abandone su pasividad. También estaremos atentos, si se produce, al encuentro presidencial Kast-Milei y la postura que asuma nuestro gobernante sobre el estrecho de Magallanes.