Bid financia con recursos propios estudio para abrir la Zona Franca a la industria de servicios

• Según explicó el jefe de la División de Fomento e Industria y administrador regional, Pedro Ossandón, el cambio no requeriría una ley especial, sino que podría incorporarse mediante una ley miscelánea o una modificación puntual dentro de la reforma tributaria u otras normativas.

El Banco Interamericano de Desarrollo (Bid) asumió con recursos propios el financiamiento íntegro de la asesoría técnica que presta al Gobierno Regional de Magallanes para evaluar la apertura del sistema de Zona Franca hacia los servicios, después de que el Ministerio de Hacienda pausara los aportes no reembolsables que le correspondían dentro del convenio, según confirmó. “El Estado de Chile no ha gastado ni un peso en lo que el Bd ha el jefe de la División de Fomento e Industria y administrador regional, Pedro Ossandón Solar colaborado con recursos propios”, afirmó.

El convenio original contemplaba aportes no reembolsables tanto del Bid como del Ministerio de Hacienda, pero que tras el cambio de administración la cartera decidió suspender este tipo de aportes, lo que generó una situación de incertidumbre pese a que los recursos regionales ya habían sido traspasados a Santiago mediante una rebaja del marco presupuestario del Gobierno Regional aprobada el año pasado.

Según indicó, el monto total del convenio para ambos componentes bordea los $180 millones, cifra que —dijo— aún debe ser afinada.

Ossandón detalló que la cooperación con el organismo internacional busca evaluar la factibilidad de abrir el sistema de Zona Franca —hoy centrado casi exclusivamente en el traspaso de mercancías— hacia la exportación de servicios, siguiendo la experiencia de países como Uruguay, Estados Unidos y China. “Si uno mira la experiencia comparada en Europa, en China y en Latinoamérica, hace mucho tiempo que esto ha ido transitando desde las mercancías hacia los servicios”, señaló.

La primera fase del trabajo con el Bid, desarrollada durante el segundo semestre de 2025, consistió en determinar si el marco normativo vigente permite incorporar servicios al régimen franco y qué modificaciones legales serían necesarias.

Según explicó Ossandón, el cambio no requeriría una ley especial, sino que podría incorporarse mediante una ley miscelánea o una modificación puntual dentro de la reforma tributaria u otras normativas. “Esto ya le reduce bastante la discusión (…) podemos empezar a testear el sistema de zona franca regional, no solo regional, sino también nacional”, afirmó, precisando que la iniciativa no está pensada exclusivamente para Magallanes, sino como un marco que beneficiaría también a zonas francas como Iquique, Palena y Aysén.

Como parte de ese proceso, equipos del Gobierno Regional viajaron a Uruguay para conocer un modelo de zona franca que, a diferencia del chileno, no opera sobre un terreno delimitado, sino que permite establecer recintos distribuidos en distintos puntos del territorio.

Segunda etapa

Ossandón adelantó que la segunda etapa de la asesoría del Bid consistirá en proponer al gobierno regional un texto normativo que defina qué tipo de servicios podrían incorporarse al régimen franco, entre ellos tecnológicos, logísticos y médicos, sin necesidad de detallar cada actividad profesional de manera específica.

El administrador regional explicó que el interés del Bid en trabajar directamente con los gobiernos regionales —y no sólo con el nivel central— comenzó a gestarse hace entre dos y tres años, cuando los bancos de cooperación internacional empezaron a mirar a estas entidades como unidades descentralizadas con intereses propios, a raíz del cambio desde el antiguo sistema de intendencias hacia gobiernos regionales con autoridades electas.

“El banco tenía una lógica con el gobierno central única, a través del Ministerio de Hacienda (…) hoy día esa dinámica cambia y el banco empieza a mirar cada región con cada particularidad propia de los territorios”, indicó.

Mesa Regional de
Zona Franca

Esta mesa constituida ayer, participarán representantes de la Cámara Franca —incluidos los usuarios históricos del sistema—, el Ministerio de Hacienda a través de Aduanas e Impuestos Internos, la Delegación Presidencial, exintendentes de la región, el Colegio de Contadores y actores vinculados al rubro inmobiliario y a la administración histórica del recinto franco. “Hay un espíritu de un Estado-región (…) esto no es una cuestión ni partidista ni sectorial”, sostuvo Ossandón, agregando que el Bid acompañará también la elaboración conjunta de los nuevos términos de referencia para la próxima licitación de la concesión.

Sobre el contenido de esa futura propuesta, el jefe de Fomento e Industria explicó que el trabajo se organizará en dos líneas complementarias: una imagen objetivo del modelo de zona franca que se ajuste a las vocaciones productivas del territorio —logística, turismo antártico, desarrollo portuario, pesca de aguas exteriores e industria salmonera, entre otras— y una propuesta de ajuste al contrato de concesión vigente.

Infraestructura, inversión y modelo concesional; sostenibilidad y desarrollo regional, incluyendo economía circular, descarbonización e hidrógeno verde; competitividad logística y comercio exterior, con foco en el estrecho de Magallanes y la Antártica; y modernización, digitalización e innovación de los procesos de la Zona Franca son los cuatro ejes prioritarios definidos para la licitación.

Esta mesa trabajará durante de cinco meses para consensuar la imagen objetivo y los ajustes contractuales, en coordinación con el equipo del ministro de Hacienda, con quien —afirmó— existe sintonía respecto al impulso de nuevas tecnologías y servicios profesionales.

Mesa de Zona Franca tendrá hasta enero para entregar propuesta

Cinco meses intensos de trabajo avizora el gobernador regional, Jorge Flies, tras constituir la Mesa de Zona Franca, la cual tendrá la tarea de trabajar en la imagen objetivo y trazar los primeros lineamientos de las bases de licitación de este recinto, con miras a su próxima concesión en 2030.

El gobernador agradeció la presencia de 40 integrantes, entre ellos los exintendentes de Magallanes, Aduanas, Servicio de Impuestos Internos, Hacienda, Cámara Franca y Sociedad de Rentas Inmobiliarias, quienes constituyen una especie de consejo de “sabios” para analizar la próxima concesión.

El objetivo principal de esta mesa es establecer un plan de trabajo de cinco meses, que se extenderá hasta enero de 2027, en conjunto con todos estos actores y la Secretaría Ejecutiva de la División de Fomento Industrial Regional. Este plan implicará un análisis exhaustivo del modelo de concesión actual y la incorporación de servicios profesionales, tanto tecnológicos como de otro tipo, para modernizar la Zona Franca y alinearla con las tendencias globales, especialmente en Iberoamérica

Flies añade que será un “proceso complejo”, debido a que desde la última experiencia licitatoria del recinto, ocurrida en el período 2005-2007, el país ha cambiado, al igual que los temas regulatorios y tributarios.

Agrega que en esta mesa se convocaron a todos para analizar desde la fiscalización, pasando por las inversiones que se deben hacer y finalizando en cómo los usuarios acceden a “buenos precios”. Adelantó que la idea es que en la próxima concesión la Zona Franca se abra a los servicios.

Complementó que la futura concesionaria administrará un recinto más grande, ya que se incorporarán los terrenos comprados en 2023 por el Gore Magallanes.

“Y pensar en recintos francos remotos son definiciones que estamos hablando con el seremi y con Hacienda ampliamente y probablemente las próximas semanas van a ser muy intensas en trabajos con los actores que estaban acá en la mesa”, cerró la máxima autoridad regional.