El arte regional de culpar al reportero

Sergio Reyes Tapia

Periodista

La política en las zonas extremas suele adolecer de un mal crónico: la flagrante desconexión entre el relato que se fabrica en los despachos de la pirotecnia comunicacional y la realidad cruda que se firma en las actas técnicas. Lo ocurrido esta semana en la Región de Magallanes con la fallida licitación de la Isla Arturo y la Isla Sin Nombre en el Lago Blanco, comuna de Timaukel, no es sólo un tropiezo administrativo menor; es una radiografía perfecta de cómo el poder regional, acorralado por sus propias contradicciones, prefiere romper el termómetro antes que admitir la fiebre, eligiendo deliberadamente culpar a los medios de comunicación por cometer el “pecado” de hacer su trabajo.

Ante el descontento de la comunidad de Tierra del Fuego y las legítimas alertas sobre la soberanía en una zona fronteriza tan sensible, la Delegación Presidencial Regional intentó levantar un improvisado muro de contención en las frecuencias radiales locales. Con un tono de calculada sorpresa, la máxima autoridad regional aseguró que las islas “no se están vendiendo” y que la polémica era el mero resultado de un “error de información” de la prensa, pretendiendo reducir un proceso formal de enajenación de activos fiscales a una inofensiva -e inexistente- “conversación interna” de pasillo.

El gran problema de la vieja estrategia de “culpar al mensajero” es que las palabras se las lleva el viento, pero los documentos impresos y las firmas permanecen. Días antes de que el comité político ensayara su libreto de mitomanía burocrática, la propia seremi de Bienes Nacionales ya había dejado constancia en La Prensa Austral, entre otros medios muy serios, de que el plan de remate era responsable. La autoridad sectorial detalló sin tapujos que los islotes formaban parte de un pool de 17 inmuebles fiscales destinados a la licitación pública bajo la modalidad de venta antes de fin de año, enmarcados en el programa nacional “Se Busca Dueño”. El avance no era un borrador académico: la Comisión Especial de Enajenaciones -con la Corfo, el SII y el Serviu a la cabeza- ya había sesionado formalmente para revisar las tasaciones comerciales de las islas.

¿De qué “conversación interna” nos hablan cuando ya le habían puesto precio a la Patagonia? Esta preocupante disonancia institucional expone un severo vacío de gobernanza y una profunda fractura en la conducción del gabinete de Magallanes, donde la mano izquierda ignora lo que subasta la derecha. Mientras un ministerio gastaba horas hombre y recursos públicos en tasar, visar y estructurar la venta de la soberanía insular, la jefatura regional pretendía convencer a la ciudadanía de que todo era un invento de los reporteros.

Al verse atrapado en este fuego cruzado de mentiras oficiales y frente al inminente costo político, el alcalde de Timaukel, Luis Barría, nos comentó que le habían comunicado la suspensión definitiva de la licitación tras golpear las puertas de las autoridades nacionales en Santiago, desahuciando un plan que nació muerto.

Esta preocupante ligereza no hace más que horadar la confianza pública y liquidar las certezas técnicas que requiere cualquier proyecto con pertinencia territorial.

Cuando la delegación presidencial regional prefiere tildar de, falta de comunicación de otros las resoluciones oficiales que sus propios seremis defienden en los diarios de circulación regional, no sólo demuestra debilidad comunicacional, sino también un profundo desprecio por la fiscalización pública y una preocupante cobardía política para asumir los costos de sus propias agendas.

La puesta en escena de esta semana deja una lección amarga en Magallanes: en la Patagonia las islas se defienden con firmeza territorial y transparencia, no con discursos improvisados que se hunden al primer choque con la ineludible verdad de los hechos.