Contraloría ordena sumario contra exdirectora de Vialidad por intervenir en contratos ligados a su cónyuge

Tras meses de investigación, la Contraloría concluyó que la exdirectora regional de Vialidad, Valeria Oyarzo Benítez, incurrió en infracciones al principio de probidad administrativa al intervenir en actos vinculados a contratos de obras viales, pese a existir circunstancias que comprometían su imparcialidad. Producto de estas infracciones, la Dirección de Vialidad deberá instruir un sumario en contra de Oyarzo, quien actualmente desempeña funciones en otra repartición del Ministerio de Obras Públicas en Magallanes.

El pronunciamiento se originó en una denuncia presentada por el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de Vialidad del Mop (Anatravial), que apuntaba a eventuales conflictos de interés que no habían sido abordados en la investigación previa realizada en 2023 y que, al año siguiente, determinó el sobreseimiento de la exprofesional de Vialidad. El anterior proceso solo tomó en consideración hechos ocurridos hasta el 26 de mayo de 2023.

Oyarzo dejó de ser directora regional de Vialidad en abril del año pasado, producto de un proceso disciplinario iniciado a nivel nacional, el cual finalizó el 14 de noviembre del mismo año y descartó cualquier conflicto de interés.

La denuncia volvió a apuntar a que dos empresas constructoras relacionadas con contratos de conservación vial habrían mantenido vínculos comerciales con Juan Bendek, esposo de la exdirectora regional, quien prestó servicios de arriendo de maquinaria mientras Oyarzo ejercía como inspectora fiscal, jefa del Departamento de Contratos y, posteriormente, directora regional, lo que podría configurar un conflicto de interés.

En uno de los contratos, en 2024, meses después de finalizada la anterior investigación de Contraloría, la extitular autorizó una modificación contractual que incorporó, como obra extraordinaria, 1.323 metros de “Barreras Metálicas de Contención Certificadas”, por un monto superior a $264 millones más Iva.

El equipo fiscalizador verificó, a partir de fotografías aportadas por el denunciante, que las patentes de los vehículos utilizados en la instalación correspondían a Juan Bendek.

La Contraloría concluyó que, si bien Oyarzo no tuvo participación directa en la definición técnica de las partidas, al firmar la resolución se encontraba en una situación de conflicto de interés debido a dicho vínculo, por lo que debía abstenerse.

También se identificaron irregularidades en la ejecución del contrato de construcción de la segunda etapa del camino Hollemberg–Río Pérez. En este caso, se constató que Oyarzo suscribió la resolución que designó la comisión de recepción provisional de la obra y aquella que dispuso el reemplazo de la inspectora fiscal titular, Andrea Fuenzalida Briones, por Pedro Villegas Hernández.

En ambos casos se configuró una infracción al principio de probidad, debido a que en dichas faenas se encontraba prestando servicios la empresa de Bendek. Según estableció la Contraloría, Oyarzo debió abstenerse de intervenir en estos asuntos, de acuerdo con la normativa que prohíbe participar en materias en las que exista un interés personal o en las que lo tengan su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive.

Cabe recordar que, en la investigación realizada por la Contraloría en 2023, se constató que Oyarzo había informado a sus superiores jerárquicos de la existencia de un vínculo matrimonial que podía configurar una situación de potencial conflicto de interés, y que se habían adoptado medidas de abstención respecto de asuntos relacionados con empresas que pudieran mantener vínculos con las actividades comerciales de su cónyuge.

Asimismo, se verificó que las empresas de este último no figuraban como subcontratistas ni proveedoras de arriendo de maquinaria de las empresas adjudicatarias durante la ejecución de los contratos examinados. A partir de los antecedentes revisados, incluidas publicaciones en redes sociales acompañadas por la persona denunciante, no se logró acreditar la efectiva prestación de servicios en dichas obras.

Pero no todas las acusaciones formuladas en su contra terminaron en un proceso disciplinario, ya que fue sobreseída de la denuncia que apuntaba a irregularidades en la designación del jefe del Departamento Regional de Administración y Gestión de Contratos y en sus subrogancias. El ente contralor determinó que dicho nombramiento se ajustó a la normativa vigente.

Otros involucrados

La denuncia realizada por el gremio nacional de Vialidad también apuntaba a Patricia Calisto Ulloa y Sebastián Schadenberg Fuentealba. A ambos se les acusaba de un eventual conflicto de interés, debido a que habían trabajado en la empresa que posteriormente quedó a cargo de la ejecución de un contrato público.

El ente fiscalizador instruyó a Vialidad implementar y formalizar un procedimiento interno de control y abstención aplicable a los procesos de inspección fiscal, aprobación de estados de pago, modificaciones contractuales y participación en comisiones de recepción de obras. El mecanismo deberá permitir identificar oportunamente a funcionarios que mantengan o hayan mantenido, durante los dos últimos años, vínculos laborales o profesionales con empresas contratistas.

Esto también derivó en el inicio de un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.