Castigar a regiones no ordena el país

La necesidad de ordenar las cuentas fiscales puede ser compartida. Lo discutible es que ese propósito termine convirtiéndose, una vez más, en una reducción de los recursos que permiten a las regiones decidir y ejecutar inversiones de acuerdo con sus propias prioridades.

El eventual recorte de entre 7% y 10% a los gobiernos regionales vuelve a instalar una vieja contradicción, dada porque se habla de descentralización, pero -cuando llega la hora de ajustar el gasto- las primeras decisiones vuelven a tomarse desde Santiago y sobre recursos que se ejecutan en los territorios.

En el caso de Magallanes, la rebaja podría significar hasta $7.500 millones menos para inversión. Hacienda ha justificado la medida aludiendo a una subejecución presupuestaria cercana al 20%, cifra que los gobernadores cuestionan, señalando que la brecha real es mucho menor y que parte importante de los retrasos se explica por convenios, transferencias o trámites que dependen de servicios del nivel central.

La experiencia de Magallanes obliga, además, a mirar con cuidado ese argumento. Según cifras oficiales de la Dipres, el Gobierno Regional ejecutó el 99,2% de su presupuesto de inversión en 2024 y el 93,6% en 2025. No parece razonable, entonces, instalar la idea de una incapacidad estructural para gastar los recursos asignados. Menos aún cuando parte de los rezagos puede originarse fuera de la propia administración regional.

Hay, además, un problema de fondo. Chile no crece solamente en Santiago. Buena parte de su actividad productiva, de sus exportaciones, de sus recursos naturales y de los grandes proyectos de inversión se encuentra en regiones. En 2025, catorce de las dieciséis regiones registraron crecimiento y Magallanes expandió su economía en 4,4%, impulsada principalmente por las industrias química y pesquera, junto con la construcción y la acuicultura. Sus exportaciones aumentaron ese año 18,6%. El desarrollo del país, por tanto, no puede pensarse únicamente desde el centro político y administrativo.

Más aún, en un escenario de desaceleración como el actual, reducir inversión regional puede terminar siendo contraproducente. En el segundo trimestre de 2026 la economía nacional se contrajo 0,2% y Magallanes retrocedió 1,9%, aunque sus exportaciones crecieron 6,3%. Los gobiernos regionales financian obras, programas, aportes municipales y proyectos que movilizan actividad y empleo local. Recortar esos recursos no es una abstracción contable: puede traducirse en iniciativas postergadas, empleos que no se crean y necesidades territoriales que siguen esperando.

Si Hacienda necesita mayor disciplina fiscal, debe exigir buena ejecución, transparencia y planificación. Pero también debe distinguir entre quienes administran bien y quienes presentan problemas persistentes, y asumir la responsabilidad del nivel central cuando las demoras provienen de sus propios servicios. Aplicar una rebaja prácticamente uniforme puede resultar cómodo desde una planilla fiscal, pero desconoce las enormes diferencias existentes entre los Gores y sus capacidades de gestión.

Descentralizar no consiste sólo en elegir gobernadores. También significa entregar capacidades reales, recursos suficientes y certezas para planificar.