Un diagnóstico que exige respuestas

Las declaraciones del subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, durante su visita a Magallanes tienen un valor que no debe minimizarse, pues reconocen abiertamente que, pese a una década de reformas y transformaciones institucionales, los problemas estructurales del sistema de protección especializada siguen lejos de estar resueltos.

Ante la pregunta sobre cuánto ha cambiado el sistema desde el caso Sename, la respuesta de la autoridad fue categórica: “Muy poco”. Y las brechas que identificó en Magallanes permiten entender la profundidad de esa afirmación.

Faltan residencias capaces de atender perfiles de mayor complejidad; existen dificultades para encontrar oferentes porque el financiamiento disponible presenta, según indicó, un déficit del 43%; escasean profesionales especializados en salud mental, particularmente psiquiatras infantojuveniles; y las características territoriales de una región extensa y con comunas pequeñas dificultan todavía más la instalación de una oferta adecuada.

A ello se agrega una preocupación especialmente grave. El subsecretario reconoció que Magallanes presenta cifras que han obligado a activar el circuito institucional frente a casos de explotación sexual, junto con riesgos vinculados al consumo de drogas, violencia y trayectorias delictivas que pueden afectar a adolescentes bajo protección.

Todo esto obliga a mirar más allá de los cambios de nombre y de estructura que ha experimentado la institucionalidad durante los últimos años. Durante el gobierno anterior continuó desplegándose el nuevo sistema de protección, pero el examen que hoy realiza la propia autoridad muestra que cuestiones esenciales siguieron pendientes. El problema no parece haber sido solamente de recursos, sino también de diseño, gestión y capacidad efectiva del Estado para coordinar a los distintos organismos que deben intervenir.

Ese último punto es quizás uno de los más relevantes del diagnóstico. Sánchez advierte que el fracaso del antiguo Sename estuvo ligado, entre otras cosas, a su dependencia del intersector y que el actual Servicio de Protección Especializada continúa enfrentando esa misma dificultad. Si no existen mecanismos que obliguen efectivamente a Salud, Educación y otras instituciones a cumplir su parte, las falencias terminan reproduciéndose.

La actual administración plantea modificaciones en la gestión, en las formas de contratación, en los mecanismos de pago y en las exigencias de resultados. También anuncia mayores facultades para las residencias, oferta clínica especializada y un fortalecimiento de las familias de acogida, con el propósito de reducir la permanencia de niños pequeños en establecimientos residenciales.

Son planteamientos que apuntan directamente a varias de las deficiencias detectadas. Pero el verdadero examen comenzará ahora.

Porque identificar correctamente las brechas no equivale a resolverlas. Magallanes requiere respuestas adaptadas a su realidad territorial, financiamiento que permita efectivamente atraer prestadores, capacidad clínica para los casos de mayor complejidad y una coordinación intersectorial que deje de depender exclusivamente de la buena disposición de cada servicio.

El diagnóstico ya está hecho y sus conclusiones son suficientemente severas. Lo que corresponde es que ese aparente cambio de enfoque se traduzca en medidas concretas, plazos y resultados.