“No puede ser que nos demoremos 15 años”: las obras portuarias y el diagnóstico en el Magallanes Logistics Summit

Las obras de infraestructura que hoy ejecuta la Empresa Portuaria Austral (Epa) nacieron en el Plan Magallanes de 2010. Lo recordó el presidente de su directorio, José Miguel Cruz, en la primera jornada del Magallanes Logistics Summit 2026: “No puede ser que nos demoremos 15 ó 16 años”. Los plazos del Estado, la permisología y la falta de planificación de largo plazo cruzaron ayer el panel de mediodía del encuentro, que reunió en Punta Arenas a especialistas de Chile, Argentina, Colombia y México y que hoy continúa con mesas de trabajo.

Cruz pidió “menos burocracia y más agilidad”, pero también compromisos de los usuarios antes de ampliar un muelle. “Si vamos a hacer crecer el puerto 120 metros, ¿cuál es el grado de compromiso de los usuarios?”, planteó, y puso como ejemplo al hidrógeno verde: con una empresa comprometida por escrito a usar el puerto, dijo, “vamos a tener más bases para poder hacerlo”.

Desde el público, un asistente recordó que Ushuaia construyó a fines de los 90 un puerto de 1.100 metros, una extensión que la suma de los puertos de Magallanes aún no alcanza. La principal obra de la EPA en Punta Arenas, la ampliación del muelle Mardones con créditos del Bid, está en duda desde julio, cuando Hacienda informó que revisa todos los créditos internacionales con garantía estatal.

Zonas francas
remotas, en pausa

Desde la concesionaria de Zona Franca advirtieron que la creación de zonas francas “remotas” está detenida. Se trata de recintos cercanos a puertos, aeropuertos o industrias estratégicas, que permite el artículo 5 de la ley. El problema es que la norma aún entrega esa facultad a los intendentes, un cargo que ya no existe. Según explicaron, el Gobierno Regional pidió esas atribuciones al Ministerio de Hacienda.

La concesionaria detalló que el 40% de la carga que recibe llega por tierra desde la cuenca del Río de la Plata y otro 20% desde la Zona Franca de Iquique, una ruta cuyos costos “han ido creciendo”. Ahí, plantearon, la nueva Ley de Cabotaje podría abrir opciones. La concesión vence en 2030 y el Gobierno Regional ya descartó renovarla.

El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, graficó el costo de invertir en el extremo sur: una vivienda social en Puerto Williams cuesta $120 millones. “Santiago ya tiene diseñado el quehacer para las regiones”, criticó, al reclamar más poder de decisión para los gobiernos locales y regionales.

El estrecho y el cabotaje

Según informó la organización, Ricardo Partal, presidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, planteó que Magallanes debe pensarse “mucho más allá de simplemente ser una alternativa al Canal de Panamá”. En un panel sobre la nueva Ley de Cabotaje, Marco Oliva, Ceo de Fast Logistics, afirmó que la transferencia de carga “está muy poco desarrollada en Magallanes”.

Las conclusiones alimentarán el Programa Territorial Integrado (PTI) de Logística de Corfo, que comenzará próximamente y durará tres años. “Vamos a estar enfocados en identificar las brechas que tiene este tema en la región”, dijo el director regional de Corfo, Javier Romero. Hoy, los participantes trabajarán en cuatro mesas: infraestructura portuaria y vial, cadena de suministro en zonas extremas, transformación digital y capital humano. El encuentro es ejecutado por Gedes y financiado por el Comité de Desarrollo Productivo Regional a través del instrumento Viraliza de Corfo.